“Si yo siento fastidio haciendo filas, con horas de espera para hacer un trámite, entiendo que al resto de la ciudadanía le pasa lo mismo; si yo puedo hacerle la vida más fácil para que en vez de gastar las 5 horas promedio (que es lo que en Argentina demora concretar una gestión, según el BID) las pueda dedicar a otra cosa como a la familia, al ocio o a la creatividad, voy a trabajar por ello”, resume Torres al cerrar su gestión provincial.
Ella explica que se trata de una secretaría transversal, para tratar de colaborar con las distintas dependencias del poder ejecutivo, legislativo y judicial en pos de mejorar los procesos incorporando tecnología para que las gestiones sean más rápidas y eficientes.
La ley tiene como objetivos poner el Estado al servicio del ciudadano y al mismo tiempo ser más cuidadoso con el uso de los recursos públicos. “Y yo diría que hay un tercer objetivo que no está explícitamente en la ley como tal y es lograr mayor competitividad, porque con procesos más ágiles, no hay tiempos muertos o sobre costos que el empresario o emprendedor termina trasladando al precio de su producto, quedando fuera de mercado”, sostiene Torres.
Acciones concretas
Hay una gran interconectividad entre muchas bases de datos. Esto implica que no se le piden al ciudadano dos veces los mismos datos (ya sea porque él alguna vez los aportó o bien porque los generó el propio Estado). El flamante CiDi (que valida la identidad con el RENAPER) permite acceder a una serie de información disponible e ingresar a determinadas reparticiones.
- Notificaciones electrónicas: implica velocidad en el mensaje y la certeza de que le llega al destinatario (además de menores costos y cuidado del medioambiente).
-Compra transparente: con el Colegio de Escribanos valida el profesional que supuestamente va a intervenir (si está habilitado, si existe con ese nombre y documento); con Rentas verifica si el inmueble tiene pago los impuestos; y con el Registro General de la Propiedad constata la existencia del inmueble (su matrícula y si tiene algún gravamen).
- Audiencia pública digital.
-Además se pueden hacer la mayoría de los trámites con Inspección de Personería Jurídica a distancia. Así, procesos que demoraban meses, como la constitución de una sociedad anónima, hoy tardan 2 días (llega la resolución que aprueba la constitución por correo electrónico).
- En el Registro General de la Propiedad también se pueden hacer gestiones a distancia (hoy folios y matrículas están totalmente digitalizados).
- Las partidas de nacimiento no se dan más en papel al igual que las actas de matrimonio (sacar una partida de nacimiento se puede hacer a distancia desde cualquier lugar y digitalmente va a llegar por correo electrónico).
- Los depósitos en el Banco de Córdoba se hacen vía digital.
- La supervivencia (prueba de vida que deben presentar las personas mayores por jubilaciones y pensiones) en BANCOR (salvo en la ciudad de Córdoba donde el registro aún no se ha modernizado) se valida con las notificaciones que hace el RENAPER (porque las partidas de defunciones son electrónicas y la base se va actualizando de forma inmediata), por lo que los jubilados no hacen más cola.
Pulgar para arriba o para abajo
La medición de resultados indica que el cambio es exitoso. Siempre hay una retroalimentación del servicio brindado por el Estado con una encuesta y cada ciudadano que hace una gestión recibe un mensaje pidiéndole que evalúe la atención.
Otro indicador es la observación. Si bien vamos hacia una administración electrónica, debe existir para las poblaciones vulnerables (aquellos menos amigos de la tecnología) la posibilidad presencial “y uno mide que cada vez hay más gente que realiza los trámites de manera digital, por ejemplo en la Caja de Jubilaciones, en los box del edificio prácticamente no hay gente”, explica Torres.
Los resultados también son medidos a través de auditores externos en el marco del Programa de Naciones Unidas; Córdoba ha recibido 3 premios internacionales por el grado de avance en el proceso de modernización y ha sido la única provincia invitada a la asamblea anual para exponer su experiencia.
¿Qué queda por hacer?
El plazo para migrar la totalidad de los trámites a formatos digitales es de 2 años y vence en 2021. La idea es que las herramientas que ya han sido probadas y están disponibles en algunas dependencias se pongan a disposición de otras que no las tienen; pero como cada área tiene sus particularidades, se requiere el desarrollo de nuevos sistemas. “Lo importante es realizar una reingeniería porque cada proceso se constituye en un contexto determinado con una lógica determinada”, aclara Torres y agrega: “Quedan muchas cosas por hacer e incluso lo que ya está modernizado siempre tiene posibilidades de ser mejorado con los avances tecnológicos que aparecen de manera permanente”.