La ley de alquileres sancionada a mediados de 2020 -y que ahora se revisará en el Congreso- tuvo el impacto opuesto al pretendido. Encareció los precios y limitó el acceso a viviendas por parte de inquilinos por la retracción de la oferta.
“Con la norma anterior (la reemplazada por la actual), el precio de los alquileres avanzaba `significativamente´ por debajo de la inflación”, señala el trabajo del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. La tendencia cambió.
“La inflación acumuló un 107% a nivel nacional en los 21 meses transcurridos desde la entrada en vigencia de la nueva Ley. Similar fue lo ocurrido con los precios en el Gran Buenos Aires (105,6% de aumento) y la región pampeana (107,9%)”, advierten.
De acuerdo a los precios de referencia tomados de Zonaprop, en este mismo periodo, los alquileres en Córdoba aumentaron un 113%; en Capital Federal un 135%; en Rosario, 147% y en el Gran Buenos Aires entre 157% y 184%. Es decir, siempre por encima del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Indec.
“En los 21 meses previos a la nueva normativa la inflación acumulada fue inferior: 95% a nivel nacional, casi 92% en el Gran Buenos Aires y 97% en la región pampeana. No solo esto, sino que el precio de los alquileres aumentó entre 55% y 70% en los centros urbanos analizados en el trabajo”, continúan.
El informe también plantea que el regreso de la indexación de los contratos es una dinámica que se ve afectada por el efecto de otras regulaciones de la nueva normativa.
Por ejemplo, al analizar la evolución de la oferta de alquileres, durante febrero se redujo en un 15% frente a 2020 y un 25% en relación a 2019, lo que impacta directamente en el alza de los precios.
“Si a estas variables se suma el deterioro del salario real ocurrido durante los últimos dos años, que retrocedió un 6,1% desde el inicio de la pandemia y se verá perjudicado por la aceleración inflacionaria del primer trimestre de 2022, la nueva normativa resultó perjudicial al encarecer y limitar el acceso a un alquiler”, analizan desde la entidad.
Estos efectos adversos resultan más notorios para la población más vulnerable, dado que el impacto de la crisis económica es superior (8,9% de caída en el salario real de los trabajadores informales) y las mayores barreras de entrada impuestas por la nueva Ley los aleja aún más del acceso a una vivienda.