A partir del 1 de enero de 2016 La Provincia de Córdoba, por ley Ley 10.323 y 10.324, introdujo cambios en la Ley Impositiva.
Uno de ellos fue la prórroga del Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo (FOFISE), creado en 2012 y ahora vigente hasta el 31/12/2019. Este fondo se cera con un adicional del 5% sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), eximiendo a quienes en el 2015 hayan tenido bases imponibles que no superen los $ 5.000.000.
La otra "caja extra" creada desde entonces es el Fondo para el Financiamiento de Obras de Infraestructura (FFOI). También surge de un porcentaje adicional sobre el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, para aquellos cuyas bases imponibles del periodo fiscal 2015 superan los $14.000.000. Si esta sumatoria se encuentra entre los $ 14.000.000 hasta $ 100.000.000 el porcentaje del adicional resultará de 12,50%, y si superan los $ 100.000.000 el mismo será de 15,25%. Está vigente también hasta el final del mandato de Juan Schiaretti.
"La Provincia anunció rebajas en Ingresos Brutos para el 2018. Entre ellas la eliminación de las sobretasas aplicadas a empresas radicadas en otras provincias. No obstante, aún con las bajas anunciadas, están llevando la presión tributaria cordobesa a niveles récord", señala Bria en un extenso y detallado informe que presentó días atrás.
El costo fiscal del paquete de rebajas se estima en $ 2.500 millones, pero esta suma apenas corresponde al 57% de los $ 4.365 millones que se tienen previstos recaudar por el FFOI en 2018.
"Cuando incluimos estas tasas adicionales de IIBB vemos que en 2016 la presión de IIBB en Córdoba pasó de ser de 6,3% del PBG en 2015 a 6,9% del PBG en 2016 y con similares proyecciones para este año. En 2018, en base a los números anunciados en el proyecto de presupuesto, la presión tributaria treparía a 7,4% del PBG. Aún si la Provincia cumpliese el flamante Pacto Fiscal y bajase su presión tributaria de IIBB en 1,5% del PBG, en cinco años recién estaríamos en una posición similar a cuando la presente gestión arrancó", puntualizó el estudio presentado por el tribuno.
Así la alícuota para los ingresos brutos que efectivamente pagan los contribuyentes al fisco cordobés es de 5,71% para el comercio mayorista, entre 5,58% y 5,71% para el comercio minorista y para servicios (según el nivel de facturación) y el 4,2% para transporte; para respetar los ejemplos brindados. Estos valores son superiores a los que exhiben la Provincia de Bs As y CABA: la primera por ejemplo aplica alícuotas de 5% en todos los rubros anteriores salvo transporte donde aplica 1,5%. Para el caso de la CABA las alícuotas respectivas son de 5%, 5%, 5% y 4% respectivamente.
La presión tributaria de los ingresos brutos ha aumentado del 2,9% en 2007 al 7,4% en 2018
"Este punto -resalta Bría- queda fácilmente demostrado si advertimos que se pretende recaudar para el 2018 con el FFOI: $ 4.365 millones, con el FOFISE: $ 1.730 millones, con las tasas sobre el impuesto inmobiliario rural $ 2.335 millones, en total unos $ 8.430 millones de los cuales el 20% debería ir a los municipios", expresa.
De acuerdo a sus cálculos, unos $ 1.686 millones que la administración provincial eludirá coparticipar, "este monto se suma a los $ 9.200 millones que la provincia les arrebato a los municipios con el infelizmente llamado pacto federal", acotó.
Y concluye: "La gravedad de este impuesto radica en la pérdida de competitividad de las empresas locales por las distorsiones que se generan y peor aún por su carácter regresivo, que implica que son los consumidores más vulnerables de la sociedad los que absorben una gran parte de este tributo. Esto último, coloca a ingresos brutos en una situación muy reñida también con la justicia social". (GL)