El planteo de reforma del cuerpo encargado de seleccionar y controlar el desempeño de los jueces, busca lograr la independencia de los jueces y una eficaz prestación de los servicios de justicia.
El Consejo de la Magistratura fue incorporado a nuestra Carta Magna en la Reforma de 1994. Con su creación se procuró crear un órgano que posibilite disminuir la influencia político-partidaria en los procesos de selección y remoción de los jueces.
De lo que se trata no es solo de promover la despolitización de este organismo, sino que se intenta, por un lado, construir un Consejo de la Magistratura más profesional, equilibrado, ágil y transparente; y, por otro lado, consolidar la garantía de división de poderes y una justicia independiente.
“Se intenta proteger el espíritu de nuestra Constitución Nacional, la idea es despartidizar el Consejo de la Magistratura (CM)”, señaló Cecilia Mairal, vicepresidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa propone que el CM sea un órgano técnico alejado de las disputas partidarias, con miembros idóneos, con dedicación exclusiva, que no puedan ser reelegidos inmediatamente, es decir un organismo sea ágil y transparente, presidido por la Corte Suprema de la Nación.
Despolitizar el CM implica reducir la cantidad de consejeros de sectores políticos partidarios respetando el equilibrio entre los distintos estamentos. “El CM no es un órgano de deliberación política, sino que es un órgano administrativo”, aclaró Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires (CACBA).
Transformación digital
“En la propuesta además, se implementan auditorías con Programas de gestión y transformación digital, es decir que se le exige al plenario del Consejo de la Magistratura que dote de la tecnología digital necesaria para facilitar el trabajo de los abogados, jueces y magistrados para que estén al servicio del acceso a la justicia por parte de los ciudadanos”, agregó Guillermo Lipera, secretario de Idea.
La dedicación exclusiva ayuda a la independencia de los jueces en la resolución de los problemas. Por ello, se propone la integración de trece miembros para poder realizar gestiones ágiles en la toma de decisiones. En esta iniciativa popular se pretende que el Poder Judicial esté integrado por cuatro representantes, el presidente de la Corte de Justicia de la Nación y tres jueces.
Asimismo los órganos políticos resultantes de la elección popular estarán constituidos por cuatro representantes: uno del Poder Ejecutivo y tres diputados de la Nación elegidos por tres bloques distintos.
El CM también estará integrado por abogados: cuatro representantes, dos por la Ciudad de Buenos Aires y dos por las provincias. Y en el sector académico habrá un representante elegido por la totalidad de los profesores titulares de Derecho de Facultades Públicas y Privadas. Además en el anteproyecto se garantiza la paridad de género en la integración del Consejo.
Otro de los propósitos de la iniciativa es lograr la objetividad y la transparencia en la selección de Magistrados.
Se fortalece la Escuela Judicial y se establecen concursos más objetivos en base al mérito de los postulantes. Un dato relevante es que se elimina la discrecionalidad política en las entrevistas que no podrán alterar el orden de mérito.
En este sentido se pretende alcanzar eficacia y publicidad en el tratamiento de las ternas de los candidatos, estableciendo plazos obligatorios a fin de dar celeridad a los procesos de selección de magistrados.
“El Poder Ejecutivo cuenta con treinta días para elevar pliego y el Senado, noventa días para aprobarlo”, agregaron los organizadores.
La entrevista personal deja de ser instrumento de distorsión política en el orden de mérito en los concursos. Por eso se revaloriza el carácter vinculante de las ternas haciendo respetar el orden de mérito alcanzado por los candidatos en el concurso público de antecedentes.
“Se trata de garantizar el proceso de participación ciudadana y audiencia pública. El Consejo de la Magistratura es un órgano técnico del Poder Judicial de la Nación”, añadió Alfredo Vítolo, Presidente de Fores (Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia).
En el anteproyecto se incorpora además un Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados permanente para intervenir en los procesos de remoción de los jueces. Los estamentos de los jueces y abogados elegidos por sus pares no podrán pertenecer ni responder a partido o a grupo político alguno.