Karina Zeverin. abogada y escribana directora del Estudio Jurídico Zeverin & Asociados, lleva años litigando estafas inmobiliarias en Córdoba y tiene un diagnóstico simple: "esto se ha naturalizado tanto" que hay barrios enteros que, vistos desde afuera, parecen asentamientos, pero en realidad son loteos vendidos con boleto, promesa de escritura y la ilusión de un country que nunca podrá serlo.
El mecanismo, siempre igual
La receta se repite en los dos expedientes que analizamos: alguien compra (o ya tiene, por herencia familiar) una fracción de campo con uso rural o industrial. La subdivide a mano alzada, sin agrimensor ni plano aprobado. Empieza a vender lotes por Marketplace o con inmobiliarias de poca exigencia, prometiendo luz, agua, plaza, salón de usos múltiples y (la frutilla del postre), la futura aprobación municipal como "barrio cerrado".
El problema es que esa aprobación no llega nunca, porque no puede llegar: la normativa exige un mínimo de 5.000 m2 por lote en zona rural/industrial, y para cambiarlo hace falta una ordenanza del Concejo Deliberante. Mientras tanto, la gente ya construyó su casa, ya pagó, y ya vive ahí.
Solares del Sur: la sentencia que sentó precedente
En diciembre de 2024, la Cámara Criminal y Correccional de 10ª Nominación condenó a Diego Martín Florindo y Fernando Darío Heyd (con Carlos Aristimuño prófugo) por asociación ilícita, estafa reiterada y administración fraudulenta, en el loteo "Solares del Sur", sobre Camino a San Antonio.
Los números marean: alrededor de 103 familias compraron lotes en tierra con patrón "Industria–Área Rural", pagando entre US$ 15.000 y US$ 20.000 cada uno. La condena civil sumó casi $ 970 millones de pesos entre los seis actores civiles que litigó Zeverin (con el dólar rondando los $ 1.000 en ese momento, prácticamente un millón de dólares en indemnizaciones).
Lo más duro no está en los montos, sino en el detalle cotidiano que quedó registrado en los testimonios: vecinos que deben turnarse para lavar la ropa a la madrugada porque de día "no hay tensión"; heladeras, lavarropas y aires acondicionados quemados por la baja tensión; generadores comprados a mano para no perder mercadería en cortes de más de ocho horas; casas sin escritura después de una década de pagar cuotas.
La Quinta de Segundo: el mismo libreto, un capítulo después
El segundo expediente (todavía sin sentencia, recién elevado a juicio en julio de 2026), es casi un calco. María del Rosario Fontanelli, alias "Roxana", vendió durante más de una década lotes de "La Quinta de Segundo" en Barrio Villa Esquiú, en un terreno con el mismo patrón de uso rural-industrial y al lado de una fábrica de piletas.
El propio Subdirector de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Córdoba lo resumió sin vueltas ante la fiscalía: no existe ningún expediente que haya solicitado siquiera la factibilidad para ese loteo, y de haberse presentado, "no hubiese prosperado" porque la zona no reúne ninguna de las tres condiciones necesarias (uso, ocupación y fraccionamiento).
En el celular que le secuestraron a Fontanelli apareció un mensaje al grupo de vecinos donde afirmaba, falsamente, que la zona "ya no es más zona rural, ahora es zona residencial". Nunca fue cierto, y según la normativa vigente, no puede serlo.
El patrón de control es también un clásico del género: un solo medidor de luz para decenas de casas, repartido "a ojo" según el vínculo personal con cada vecino, y la amenaza permanente de "cederle el barrio a la Muni" (es decir, dejarlo de ser cerrado), cada vez que alguien reclamaba.
La advertencia de fondo
Para Zeverin, el punto no es solo penal: "no todas las inmobiliarias hacen la averiguación que deberían hacer", que es simplemente pedir la habilitación municipal antes de vender. Y del otro lado, el comprador tampoco suele consultarlo, porque “nadie” se pondría a chequear qué dice la Municipalidad antes de firmar un boleto.
El resultado, en los dos expedientes, es el mismo: familias que construyeron su casa de buena fe y hoy viven en una zona de incertidumbre jurídica permanente, sin escritura posible y sin garantía de que el Estado las reconozca alguna vez como lo que son.
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