Todos los candidatos y candidatas a cargos nacionales -ya sean ejecutivos o legislativos- deben presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA) una vez que se oficializan las candidaturas, luego de las elecciones primarias. En estas declaraciones los postulantes deben detallar sus ingresos y sus bienes.
Esta semana se publicaron los documentos oficiales que dan cuenta de los patrimonios de los 5 candidatos presidenciales: Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Sergio Massa (Unión por la Patria), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de Trabajadores). Los datos presentados corresponden al cierre del ejercicio 2022.
¿Qué bienes declararon los 5 candidatos presidenciales?
Según las declaraciones presentadas, quien más dinero declaró es Schiaretti. El gobernador de Córdoba reportó bienes por más de $ 80 millones (equivalentes a US$ 457.462 al dólar oficial o US$ 231.706 al blue, según las cotizaciones del 30 de diciembre de 2022). Más de la mitad de ese patrimonio corresponde a una casa de 567 metros cuadrados en el Barrio Chateau Carreras, en la ciudad de Córdoba.
Esa propiedad, de acuerdo con la presentación de Schiaretti ante la OA, está valuada en $ 44,2 millones, y -según pudo averiguar Reverso, alianza coordinada por Chequeado y AFP- fue declarada a valor de adquisición y no a valor fiscal (es decir, se tiene en cuenta la base que usa el fisco para el cobro de impuestos y no el valor real de la propiedad), como suele hacerse en estas presentaciones y como hicieron los demás candidatos. Desde la OA aclararon a este medio que el sistema de carga de información ofrece ambas opciones: valor de adquisición y valor fiscal.
En su presentación como gobernador de Córdoba, Schiaretti declaró esa casa en US$ 250 mil, el equivalente a $ 44,2 millones de acuerdo con la cotización oficial al 31 de diciembre de 2022, que era de $ 175,25.
Además, Schiaretti declaró casi $ 30 millones en 2 seguros de retiro (que también informó en moneda extranjera en su reporte provincial), ahorros en pesos por $ 673 mil y US$ 23.400. Se trata del candidato que más patrimonio en moneda extranjera declaró.
En comparación con el patrimonio declarado a comienzos de 2022, Schiaretti presentó un incremento patrimonial del 0,7% real (es decir, contemplando el efecto de la inflación). En dólares, la suba fue del 0,75% respecto del dólar oficial y del 4,3% según el valor del blue.
En segundo lugar se ubica Patricia Bullrich, que reportó un patrimonio de $ 24,6 millones (equivalentes a US$ 140.494 al dólar oficial o US$ 71.160 al blue). Según los datos oficiales, el patrimonio de la candidata de Juntos por el Cambio también está representado en gran medida por inmuebles. Informó un departamento con cochera de 120 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, valuado en $ 12,7 millones; una cochera en la Ciudad valuada en $ 491 mil; y el 33% de un campo que heredó en el partido de Los Toldos, Provincia de Buenos Aires, valuado en $ 8 millones.
Además, Bullrich informó la posesión de una camioneta Ford Ecosport valuada en $ 1,3 millones. Respecto de sus ahorros, declaró casi la totalidad en pesos: informó que tiene $ 733 mil y solo US$ 82.
Respecto al período anterior, Bullrich incrementó su patrimonio un 5,1% real en pesos, el mismo valor en dólares y el 8,9% en dólar blue.
Milei es el tercer candidato que más bienes declaró. Informó un patrimonio de $ 21,1 millones. Se compone de una casa en la Ciudad de Buenos Aires de 100 metros cuadrados y valuada en $ 6,6 millones. Además, declaró 2 vehículos: una camioneta Mercedes Benz Sprinter, fabricada en 2015 y valuada en $ 2,4 millones, y un Peugeot Rcz Coupé, hecho en 2013 y valuado en $ 3,6 millones. Por último, informó ahorros por $ 2,1 millones y US$ 20 mil.
Comparado con el período anterior, Milei declaró una caída real del 4,7% en pesos; igual porcentaje de caída en dólar oficial y del 1,3% en dólar blue.
Por su parte, Massa declaró bienes por $ 19,3 millones. El Ministro de Economía informó la titularidad de 2 casas ubicadas en Tigre, que en conjunto suman mil metros cuadrados y un valor fiscal de $ 14,4 millones. También posee una camioneta Volkswagen Tiguan modelo 2011 valuada en más de $ 2 millones y ahorros por casi $ 462 mil y solo 33 centavos de dólar.
En comparación con el inicio del período, de la presentación de Massa se deduce que incrementó su patrimonio un 4,3% real en pesos, el mismo porcentaje respecto al dólar oficial y el 8% respecto del dólar blue.
Finalmente, Bregman es la candidata que menor cantidad de patrimonio declaró: casi $ 888 mil al cierre del año 2022. La diputada nacional informó la titularidad del 25% de una propiedad ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, por un valor fiscal de $ 30.500; depósitos en pesos por $ 843 mil y casi US$ 77.
Declaraciones juradas: valuaciones fiscales y patrimonios alejados de los reales
Sin perjuicio de que se trata de documentos oficiales y legales, las declaraciones juradas patrimoniales que se presentan ante la OA, en gran medida, no representan los patrimonios reales de los funcionarios. La razón principal de esta distancia entre la documentación oficial y la realidad es que los inmuebles y los vehículos se declaran a valor fiscal, es decir, el precio que le asigna el Estado para el cobro de impuestos, y no al valor de mercado. La Ley 26.857, que regula la presentación de las declaraciones juradas, equipara la información que debe presentarse ante la OA con la que se presenta ante la AFIP.
Las diferencias entre ambas valuaciones (fiscal y de mercado) son significativas. Sebastián Domínguez, contador público y socio de SDC asesores tributarios, explicó a Chequeado que la valuación fiscal es menor a la valuación de mercado porque las jurisdicciones provinciales no realizan la actualización de los valores de las propiedades todos los años.
Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires la ley dispone que el revalúo debe realizarse “al menos una vez cada 10 años”. La última modificación se realizó en 2016 y comenzó a aplicarse en 2018.
“Es difícil que el Estado pueda pedir que no sean a valor fiscal. Lo que está mal es el valor fiscal que le pone el Estado a las propiedades y a los autos. Me parece que la discusión tiene que pasar por ahí y no porque pongan un valor real, porque el valor real también es muy relativo. Con un departamento, vos podés poner el valor de cuando lo compraste, por ejemplo, pero no vas a saber cuál es el valor en este momento si no lo vendés efectivamente, por eso se manejan con los valores fiscales. Habría que preguntarse por qué el Estado no actualiza esos valores en particular”, explicó a Reverso Pablo Secchi, director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano.
La ley que regula el sistema está vigente desde 2013. Fue impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) e incorporó algunas cuestiones positivas, como la ampliación del universo de funcionarios alcanzados y la publicidad activa en la web de la OA. Sin embargo, especialistas consideran que en algunos puntos significó un retroceso. “La ley entorpeció el sistema principalmente porque no se puede ver el patrimonio de los familiares”, explicó Secchi, quien señaló que Poder Ciudadano presentó un amparo contra la ley por este punto y lo ganó, aunque la OA argumenta que es necesaria una reforma de la ley para volver al sistema anterior, en el que sí estaban incluidos los bienes de los familiares en el anexo público. Con el sistema actual, esos bienes están en el anexo reservado, al que no se puede acceder.
Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que la actual ley “posibilita que el acceso a cierta información muy relevante sea restringida a través de la reglamentación”. La ley estableció que la declaración jurada debía tener un anexo secreto con la información sensible. “Si interpretáramos textualmente la letra de la ley, solo debería resguardarse en el anexo reservado aquella información considerada sensible, como los números de cuentas bancarias, los domicilios de bienes inmuebles y las patentes de automóviles, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, al haber sido establecido en la reglamentación que los anexos públicos serían iguales a los formularios de la AFIP, y estos no contienen información patrimonial de los familiares del declarante, la información referida a los cónyuges e hijos del sujeto obligado pasaron a integrar el anexo reservado”.
Lo mismo ocurrió con la información que da detalle de los empleos anteriores del funcionario, “la cual es muy útil para mantener el control sobre posibles conflictos de interés”, señaló la ACIJ. Y concluyó: “La posibilidad de controlar las variaciones del patrimonio de los familiares del sujeto obligado es muy útil para detectar eventuales casos de enriquecimiento injustificado y, asociado a ello, casos de corrupción”.