Los billetes están desapareciendo de nuestro día a día y eso no es una buena idea (el efectivo cayó un 58% en términos reales desde 2017)

Una organización civil que ya opera en España, Portugal y Chile desembarcó en Argentina para defender algo que parece obvio pero que los números muestran que está en retroceso: el derecho a pagar con billetes.

Pagar con QR, transferir desde el celular, usar la tarjeta sin contacto. La digitalización del dinero avanza y la narrativa dominante la presenta como progreso inevitable. Pero hay una cara de esa transformación que se habla poco: la de los millones de argentinos que no pueden o no quieren sumarse al sistema digital, y que están quedando progresivamente excluidos del acceso al efectivo.

Para poner ese problema en la agenda llegó a Argentina Plataforma Denaria, una organización civil nacida en España en 2021 que hoy opera en cuatro países —España, Portugal, Chile y Argentina— con el objetivo de monitorear y defender el uso del dinero físico como herramienta de inclusión financiera. Argentina es el segundo mercado en el que desembarca en América Latina, luego de Chile, en octubre de 2025.

Los números que preocupan

El primer informe del Observatorio Denaria Argentina, elaborado con datos del INDEC y el BCRA, presenta tres datos que merecen atención.

El primero tiene que ver con el circulante real. Desde enero de 2017, el efectivo disponible en manos del público se contrajo un 58% en términos reales —descontado el efecto de la inflación. En otras palabras, los argentinos tienen hoy menos de la mitad del efectivo que tenían hace una década, medido en poder de compra.

El segundo es el llamado “desierto del efectivo”. Según el mapa interactivo de la organización —disponible en plataformadenaria.com.ar— hay 2.432.579 personas en 2.420 localidades sin ningún punto de acceso al efectivo. De ellas, 354.842 personas en 463 localidades viven a más de 25 kilómetros del cajero, sucursal o agente más cercano. Y 107.076 personas en 117 localidades están a más de 50 kilómetros. En Neuquén, el 69,2% de las localidades está en esa situación. En Santiago del Estero, el 57,8%. En Córdoba, el 25,4%.

El tercero es la doble exclusión: 980 localidades no tienen efectivo cercano ni conectividad a internet suficiente. Son 562.690 personas que quedan fuera tanto del sistema financiero tradicional como de las alternativas digitales. En el último semestre, 148 pueblos perdieron la totalidad de sus puntos de acceso al efectivo.

Por qué el efectivo importa más allá de la nostalgia

El argumento de Denaria no es romántico. Es funcional. En un país con brechas de conectividad estructurales, alta informalidad laboral y millones de personas con baja adopción digital —ya sea por edad, por acceso o por decisión— eliminar el efectivo no es modernización: es exclusión.

“Forzar la desaparición del billete en un país con brechas de conectividad e informalidad estructural es una forma de exclusión”, señaló Antonio Montero, Director Ejecutivo de Plataforma Denaria Argentina. La organización también apunta a un vacío legal concreto: aunque existe legislación que obliga a aceptar pagos digitales, ninguna ley protege el derecho del ciudadano a pagar en efectivo cuando lo necesite.

A eso se suma un cambio legal reciente que Denaria señala como emblemático: la Ley 27.802, vigente desde el 6 de marzo de 2026, modificó el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que las remuneraciones deben pagarse, bajo pena de nulidad, únicamente mediante acreditación en cuenta bancaria a nombre del trabajador. El pago en efectivo o cheque, aunque el trabajador lo consienta, es nulo. La excepción es el personal de casas particulares, que mantiene la posibilidad de cobrar en efectivo. Para quienes tienen cuenta bancaria y viven cerca de un cajero, el cambio es neutral. Para los que no, es una barrera más.

Qué propone Denaria

La organización no está en contra de los pagos digitales. Su posición es que ambos sistemas deben coexistir. Para eso habilitó un canal de denuncias gratuito y confidencial en su sitio web donde cualquier persona puede reportar comercios que rechacen el efectivo. Y monitorea mensualmente la evolución del circulante y los puntos de acceso para mantener el tema en la agenda pública.

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