Por segunda vez en la historia de Córdoba el Tribunal de Cuentas de la Provincia rechazó la Cuenta de Inversión presentada por el Ejecutivo provincial.
La anterior fue en 2023. Es decir, las dos ejecuciones presupuestarias presentadas por la gestión del gobernador Martín Llaryora.
Hay un dato que no es menor: también es la primera vez que el órgano encargado de controlar los gastos de la administración central está en manos de la oposición. Está conformado por tres miembros, dos por la mayoría y uno por la minoría. Son elegidos por el voto popular, aunque pocos reparan en ese tramo de la boleta cuando emiten su voto.
Para empezar, el Tribunal objeta el superávit esgrimido por la cartera que conduce Guillermo Acosta. La Provincia dice haber finalizado 2024 con un superávit de $ 426.574 millones. Para el Tribunal el balance es negativo por $ 65.400 millones. Así lo expuso el juecista Beltrán Corvalán, uno de los 3 vocales que integran el cuerpo.
El quid de la cuestión está en la manera de computar los gastos originados por la deuda en moneda extranjera. “Si la deuda está a cargo de la administración central los intereses y/o cambios en moneda extranjera se computan como gastos; en cambio, cuando la obligación está a cargo de la ACIF, se computan como activos, es decir, pasan a formar parte de los bienes del Estado”, señala Corvalán.
En números, hay $ 491.974 millones que la Provincia no considera como gastos. De ahí la diferencia entre las cuentas oficiales y las del informe técnico, que ahora debe refrendar -o no- la legislatura provincial.
A las distorsiones contables derivadas de variaciones del tipo de cambio se suman otros 11 puntos en discusión:
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Exceso en el uso del Fondo Unificado: se giraron montos por encima de los saldos bancarios de la Cuenta Única.
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Inconsistencias en los saldos del FOCU (Fondo Unificado Córdoba): Diferencias entre los informado por la Provincia y el Banco de Córdoba respecto a los saldos de las cuentas que integran el Fondo.
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Cálculo incorrecto de intereses a la Caja de Jubilaciones: La Provincia aplicó intereses por $ 297.269 millones en las transferencias realizadas para cubrir los desequilibrios financieros, cuando no debió hacerlo.
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Deuda con APROSS sin aplicación de criterios uniformes: La Provincia mantiene con el APROSS una deuda por $ 29.862 millones. El acuerdo no contempla intereses por la deuda, a diferencia del criterio aplicado con la Caja de Jubilaciones.
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Irregularidades en la situación del Tesoro: La Cuenta de Inversión no refleja el mismo saldo disponible en la Tesorería provincial.
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Incumplimiento Ley de Educación Provincial. No se cumple la obligación de destinar un mínimo el 35% de los recursos al sistema educativo.
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No constitución del Fondo Anticíclico.
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Falta de documentación respaldatoria en Lotería de Córdoba: Sobre el por qué de la disminución del 52,56% de las transferencias de Lotería a la Provincia para cubrir gastos sociales.
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Contrataciones irregulares en la Agencia Córdoba Joven: Contrataciones por $ 58.223.497 por encima del límite normativo.
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Falta de información de reclamos judiciales de la Administración Central.
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Saldos contables con diferencias no justificadas en organismos provinciales (Agencias, Ersep, Apross, Caja de Jubilaciones).