Como una mácula más en la degrada institucionalidad que vive nuestro país durante las últimas décadas, el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) resolvió condenar a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, encontrándola culpable por defraudación al Estado, aunque absuelta por el delito de asociación ilícita en la causa Vialidad. En lo que representa un fallo histórico en contra de una dirigente en pleno ejercicio del poder; a diferencia de lo ocurrido en su momento con los expresidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa, o incluso el exvicepresidente Amado Boudou.
La condena, que para algunos resultó liviana si se la compara con los 12 años pedidos por la fiscalía, reconfigura el mapa político del 2023. Ya que, una vez finalizada la lectura del veredicto, y tras la celebración en redes del arco opositor, la propia CFK anunció que no será candidata “a nada en el 2023”. “No voy a someter a una fuerza política a que la maltraten en una campaña. ¿A mí administración fraudulenta y a los amarillos que se pasean en aviones pagados por Clarín, nada? El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser candidata a nada. Termino y me vuelvo a mi casa”, dijo la titular del Senado en una transmisión que realizó concluida la lectura de la sentencia en Comodoro Py.
Esto, sin dudas reprograma el escenario político por completo. En la oposición, donde los codazos se exhiben de manera pública ante la orfandad de un liderazgo que aplique verticalidad en el seno de JpC; y en el PJ, porque la ¿salida? de Cristina Kirchner los obliga a todos a ir al pie de la dirigente que acapara la centralidad del peronismo. Tragando saliva, murmurando por lo bajo, a regañadientes, quien quiera asumir el difícil desafío de encabezar una candidatura presidencial por dentro del PJ deberá ir a lo que CFK defina como su ‘puerta de hierro’ a buscar la bendición. La venia.
Lo que quede por fuera, es incógnita plena. La ancha avenida del medio sigue siendo la obra más difícil de inaugurar para el gobernador Juan Schiaretti; y por ahora, el resto de los oferentes se asoman, hojean el proyecto, pero no lo compran. Por dos motivos centrales: el voto PJ, sin negociar en el conurbano bonaerense, se complica; y el voto de la franja central –o productiva- estará atado al futuro de JpC. Donde a pesar de que son muchos los que dialogan con un bidón de nafta en la mano, todavía ninguno enciende la mecha.
A Cristina, en tanto, la victimización la ayuda para contener. Con más relato que caja para ofrecer, la épica K choca con la efectividad de un ministro del establishment como Sergio Massa. Tal vez, el único que tenga algo para celebrar después de lo ocurrido en la calurosa tarde de ayer.
El hombre de Tigre ajustó lo que pudo, aunque no logró controlar la inflación, mostró algunos gestos al Círculo Rojo, le hizo un par de guiños al campo, pero debe cambiar la piel. Solo con eso, para el voto de centro no le alcanza; y para tirar la caña en la pecera PJ, tampoco. Además, sabe que los anabólicos de su musculatura también estarán condicionados al diálogo con los sindicatos, los piqueteros, los gobernadores del Norte (¿Gerardo Zamora, vice?) y a las aspiraciones de Máximo K que impactan en el Congreso.
Condenada, sin cárcel y con varias apelaciones
Tras la lectura del fallo, la disconformidad cayó para los dos lados de la barandilla. Para la defensa, porque pidió la absolución; y para la fiscalía, porque había solicitado 12 años de prisión, además de la inclusión de la figura de asociación ilícita, que no se contempló en la sentencia. Por lo tanto, ambos apelarán el fallo y eso será recién después del 9 de marzo, cuando se conozcan los argumentos. Para cuando todo eso ocurra, CFK ya habrá cumplido 70 años y podrá gozar de la prisión domiciliaria.
Así, los fueros del Senado que le dan inmunidad ahora, y sumado a las dos instancias de apelación –Casación y Corte Suprema-, asoman como los dos principales motivos por los que CFK no irá presa. Ni siquiera, en diciembre del 2023 como desafió.
La matriz de corrupción que se investigó por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y con un engranaje clave en el sistema como el empresario Lázaro Báez, dejó sabor a poco. A la oposición regulando, al oficialismo con todos mirándose de reojo, y a la Justicia resolviendo con un fallo salomónico mientras trata de cuidar la estantería y estirar la alfombra.