En los últimos 10 años, como periodista, debo haber asistido a más de 40 presentaciones de desarrollos inmobiliarios de cierta magnitud y me arrepiento de una cosa: no haber llevado un "Excel" con las promesas que se daban entre caras sonrientes y brindis con la prensa.
Sin la precisión de esos datos, hoy son muy visibles las situaciones lamentables de los clientes de -al menos- tres empresas: Euromayor (Valle del Golf; Tierra Alta; Complejo Center), Inverco (Love) y Edilicia Suez (Megaron; Live!).
Ante los incumplimientos de estas empresas, se levantan dos posiciones extremas:
- Dejar hacer: son contratos entre privados donde -llegado el caso- intervendrá la Justicia. Todos quienes compraron en estos desarrollos asumieron el riesgo implícito de que algo puede salir mal.
- Intervención y control: el Estado debe garantizar el cumpliento de los contratos en una materia tan sensible como los bienes inmuebles. Si hay una licencia para que una persona pueda alquilar un departamento, ¡cómo no va a hacer una licencia de desarrollista, con garantías reales y un régimen agravado de penas!
Entre ambos extremos, quizás, un rol activo de la Ceduc ayudaría a, por ejemplo, que sus miembros registraran los planes de obras y las promesas realizadas "al mercado", para visibilizar demoras y entregas en tiempo y forma.
El debate queda abierto.
¿Qué hacemos con los desarrollistas en default? (Euromayor, Inverco, Edilicia Suez... ¿debe tomar cartas la Ceduc?)
(IB) Nadie puede negar que el sector de la construcción y los desarrollos inmobiliarios viene de un par de años malos. Pero tampoco se puede soslayar que -ante la misma situación- hubo empresas que siguieron con sus planes, entregaron o se demoraron, pero explicaron y siguen las obras. Otras, en cambio, parecen "llevarse puesto" a quienes confiaron en sus promesas, dañando la credibilidad de todo el sistema. ¿Debe intervenir el Estado? ¿La Ceduc? ¿O dejar la "mano invisible" del mercado actuar?