Las medidas fueron ordenadas por el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, en el marco de una causa tendría centenares de damnificados en Córdoba y otras provincias.
Determinar la cantidad de personas damnificadas debería ser una de las medidas claves de la fiscalía no solo para la tipificación final de la carátula, sino de cara a la eventual quiebra de la empresa.
Hasta ahora, los cinco detenidos quedaron imputados por los delitos de estafa y asociación ilícita.
Los procedimientos comenzaron en la madrugada, con operativos en barrios cerrados del noroeste de Córdoba y en Villa Allende, y luego se trasladaron a la sede central de la empresa, ubicada en barrio Tablada Park.
De promesa habitacional a escándalo judicial
Márquez y Asociados (como se conocía la empresa aunque luego cambió su nombre comercial) había cobrado notoriedad en el sector inmobiliario por su modelo de financiación accesible, con planes en pesos, materiales propios y entrega “en tiempo récord”.
En diciembre de 2023, incluso anunciaban su innovador sistema de construcción en seco, High View, con el que planeaban liderar el mercado con mayor eficiencia y sustentabilidad.
Sin embargo, paralelamente crecían las voces de alerta: más de 180 denuncias se habían radicado ante la Dirección General de Defensa del Consumidor, apuntando a incumplimientos en la entrega de viviendas, obras demoradas indefinidamente, o directamente casas que jamás comenzaron a construirse, pese a estar pagadas en su totalidad.
Qué dijo Defensa del Consumidor
La Dirección General de Defensa del Consumidor de Córdoba aplicó una multa de 260 millones de pesos a la empresa Márquez Constructora Desarrollista (MRQZPABAR Desarrollos S.A.), tras comprobarse 22 infracciones con resolución firme. Las sanciones se basan principalmente en la falta de información clara, el incumplimiento en la entrega de viviendas, y la ausencia de respuesta adecuada a los reclamos de los consumidores, violando así varios artículos de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240.
Además de las sanciones ya aplicadas, hay actualmente 32 expedientes en etapa de imputación y otros 248 casos en conciliación, que podrían pasar a instancias judiciales. En total, la empresa acumula 302 denuncias presentadas en los últimos tres años, mostrando un crecimiento sostenido y preocupante de los conflictos, especialmente a partir de julio de 2024. Este aumento refleja una tendencia creciente de insatisfacción y denuncias formales por parte de los consumidores.
Frente a este escenario, la Dirección de Defensa del Consumidor no solo ha impulsado sanciones administrativas, sino que también trabaja en conjunto con la Fiscalía de Delitos Económicos para compartir información sobre los casos. El Gobierno provincial reafirma así su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores, garantizando una respuesta firme frente a proveedores que incumplen las normativas vigentes.
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