La cuarentena dispuesta en marzo para contener el avance de la pandemia en el país paralizó totalmente la actividad económica y golpeó con dureza a las principales variables del escenario socio-laboral. El deterioro del mercado de trabajo fue significativo: se multiplicaron las suspensiones y los despidos, aunque estos últimos en menor medida por el encarecimiento de las indemnizaciones, a la par que se contrajeron los ingresos de trabajadores por la falta de actualización de los salarios en línea con la evolución de precios de la precuarentena.
En ese marco, la ronda de paritarias 2020 quedó 'frezzada' a la espera del desenlace de la compleja realidad sanitaria. Apenas un puñado de actividades lograron acordar sumas fijas temporales mientras la mayoría de las organizaciones sindicales aceptó patear para adelante la discusión salarial frente a la necesidad de preservar el empleo en el contexto de profunda contracción de la economía.
Esa dinámica dominó la coyuntura laboral hasta fines de mayo. Pero desde las primeras semanas de junio y a la par que se materializaba la sensación de una extensión indefinida de la cuarentena, decenas de actividades comenzaron a descongelar sus respectivas discusiones salariales. El proceso involucró a sectores que siguieron funcionando prácticamente en forma normal durante la pandemia o que cuentan con organizaciones sindicales con importante capacidad de presión. Pero se extendió a ritmo sostenido.
El resultado de las negociaciones puede sintetizarse en dos modelos de acuerdos. Por una parte, la firma de convenios de corto plazo, que van de 3 a 6 meses, donde bajo modalidades porcentuales o de suma fija se pactaron incrementos en línea con la inflación esperada para el período de vigencia del entendimiento.
El otro esquema abarcó acuerdos por el tradicional plazo anual y en torno a una pauta de aumento de entre el 25% y 30%, que se corresponde también con la proyección de actualización de precios que estiman entre gremios y empresas. Esos convenios, cuyos casos más representativos son los de bancarios y camioneros, estipularon incrementos escalonados, con esquemas que combinan porcentajes y sumas fijas, y la incorporación de algún tipo de cláusula de revisión o ajuste de los aumentos en base a la inflación.
El poderoso gremio que lidera Hugo Moyano firmó a principios de agosto una suba anual de 30% que se aplicará en 4 tramos y con revisión en febrero de 2021. En la misma línea, un mes antes el sindicato bancario conducido por Sergio Palazzo acordó una mejora de 26% también en 4 cuotas y con revisión en noviembre, en tanto que el gremio de aceiteros, que encabeza Daniel Yofra y suele ser también referencia de paritarias, selló una mejora de 25% en un solo tramo y que tiene previsto rediscutirse este mismo mes. También los gremios de químicos (suba de 24% más suma fija), de mecánicos de Smata (21,4% en dos cuotas con revisión) y Utedyc (20% más revisión en octubre) consensuaron entendimientos anuales.
Al mismo lote se sumó en las últimas horas el gremio de Sanidad en el caso de la negociación por los salarios de los trabajadores del sector asistencial (clínicas y sanatorios), donde se fijó un incremento promedio de entre el 22% y 23% bajo un esquema de suma fija de entre $ 4000 y $ 7000, según las categorías y con cláusula de revisión prevista para marzo próximo. "Algunos están acordando porcentajes, otros esquemas con sumas. La decisión es no resignar la discusión paritaria y seguir actualizando los salarios porque sino se vuelve un círculo vicioso que castiga a los trabajadores", explicó Héctor Daer, titular del sindicato de Sanidad y secretario general de la CGT.
En cuanto a la modalidad de pactos de corto plazo, algunos establecieron incrementos en formato de porcentajes, como el caso de la paritaria de la industria de la alimentación que fijó una recomposición del 6,5% por un acuerdo de 5 meses, en tanto que en el caso del convenio con laboratorios y droguerías, también del sector de Sanidad, la suba convenida fue de 7,8% por 4 meses.
También sellaron acuerdos por períodos inferiores a los seis meses actividades como molineros (aumento de 10%), papeleros (12%), compañías de seguros (12%), confiteros (entre 8% y 10%), farmacia (15%), trabajadores avícolas (10%) y de frigoríficos (17%). La UOM fue el último gremio en avanzar esta semana en un entendimiento corto: acordó el pago de una suma fija no remunerativa de $ 6000 mensuales para el período agosto-septiembre, aunque resignó la aplicación de algún aumento entre abril y julio.
Luis Campos, responsable de los relevamientos sobre la evolución de salarios y empleo del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, alertó -sin embargo- que a diferencia de los sectores que lograron rediscutir sus paritarias, las actividades más golpeadas por la cuarentena enfrentan severas dificultades para poder negociar aumentos en los próximos meses. Dentro de ese grupo se encuentran actividades cuyo alcance en términos de cantidad de trabajadores comprendidos es muy significativa como los casos de comercio, construcción, gastronómicos, industria textil o del calzado que en conjunto representan a casi 2 millones de trabajadores.