Para la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), este aumento -cuanto menos vertiginoso- en las demandas laborales es un obstáculo considerable para la generación de empleo de calidad en Argentina. La entidad denuncia que, a pesar de que la Ley 27.348, sancionada en 2017, estableció la obligación de conformar Cuerpos Médicos Forenses (CMF) en todas las provincias adheridas, solo Mendoza avanzó con la creación de esta figura. Mientras tanto, en muchas provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), no se dieron pasos significativos, lo que prolonga una crisis judicial que afecta a millones de trabajadores y empleadores.
En el contexto actual, las ART cubren tanto a trabajadores asalariados formales como a una creciente cantidad de trabajadores informales, pero la falta de una infraestructura judicial eficiente complica la resolución de las demandas. Los juicios por riesgos del trabajo se convierten en una carga insoportable para el sistema judicial, con consecuencias que afectan directamente a la economía y la productividad del país.
CMF, ¿la solución?
La incorporación de los Cuerpos Médicos Forenses es vista como una solución clave para reducir la judicialización excesiva. Esta figura, que aún no se implementa en la mayoría de las provincias, tiene el potencial de desactivar lo que se ha convertido en una "bomba de tiempo" judicial, al objetivar y profesionalizar la valoración del daño en los juicios laborales. Además, su instauración unificaría los criterios entre la instancia administrativa de las Comisiones Médicas y la instancia judicial, lo que contribuiría a una mayor equidad y transparencia en el proceso.
Otro de los beneficios que se espera de la creación de estos cuerpos es la eliminación de los sobrecostos que genera el cobro de honorarios profesionales atados al monto de la sentencia. En lugar de cobrar un porcentaje de la indemnización, los peritos médicos recibirían una remuneración fija, eliminando así el incentivo perverso de incrementar los honorarios mediante la prolongación de los juicios.
Con casi ocho años de demora en la implementación de los Cuerpos Médicos Forenses, la UART hace un llamado urgente a los Poderes Judiciales de las provincias para que cumplan con la ley y constituyan estos cuerpos. En un contexto económico donde la creación de empleo formal es uno de los grandes desafíos, la implementación de esta reforma resulta más urgente que nunca. Sin ella, la industria del juicio seguirá siendo una carga insostenible para el país, frenando la generación de empleo y dificultando el acceso a la justicia para todos los trabajadores.
La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo seguirá vivita y coleando la industria del juicio?
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