Un nuevo debate que ya se da en distintos puntos del globo comienza a arraigarse en la Argentina tanto con detractores como con partidarios de la propuesta: se trata de la reducción de la jornada laboral manteniendo los mismo sueldos, una estrategia que países como Islandia, Japón o España ya se animaron a probar en menor escala.
En el país, marcan el paso dos proyectos del oficialismo que fueron presentados en el Congreso: el del diputado sindicalista Hugo Yasky, que propone reducir las horas semanales legales de trabajo de 48 a 40, y el de la legisladora del Frente de Todos, Claudia Ormaechea, quién espera lograr un tope de 6 horas diarias y 36 semanales.
Islandia volvió a encender el debate luego de que se revelaran los resultados de un estudio realizado durante cuatro años -entre el 2015 y el 2019- en la capital del país, Reikiavik, con 2500 empleados públicos que trabajaron entre 35 y 36 horas por semana, en lugar de las 40 que les correspondía anteriormente.
Los resultados indicaron que la jornada laboral reducida con el mismo salario mejoró el bienestar de las trabajadores y mantuvo su productividad. Estos datos se suman a una serie de estudios que han surgido en los últimos años los cuales indican que este modelo puede traer beneficios para todas las partes.
Sin embargo, la Argentina es un país con condiciones muy distintas a los países del primer mundo en los que comenzaron estas políticas: con una inflación anual que se espera que ronde el 50%, por detrás de los aumentos salariales nuevamente, la crisis económica golpea a toda la nación, con especial énfasis en los más vulnerables.
En este marco, la creación de empleo en las empresas ha visto una enorme caída y todavía no se han recuperado los niveles pre pandemia, es por esto que la prioridad de los empresarios y del Gobierno es la estabilidad laboral con un marco regulatorio que permita corregir este déficit.
Frente a esto, la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) publicó un nuevo informe en el que trata la cuestión y critica los proyectos presentados por el oficialismo en el Congreso, indicando que estos "argumentan incorrectamente" que la jornada laboral en el país es de las más extensas de la región y que una reducción de esta puede aumentar la productividad.
Y contempla: "Según los datos oficiales de este año, la jornada laboral efectiva promedio es de 36 horas semanales entre asalariados formales del sector privado y sólo el 25% de esas personas trabaja al menos 48 horas. Argentina es el segundo país del continente con menos horas trabajadas, detrás de Uruguay", establece el estudio.
En este contexto, los autores aseguran que en la Argentina es poco el tiempo trabajado considerando nuestro nivel de desarrollo ya que otros países con un PBI similar tienen jornadas que se extienden lo mismo o más que lo establecido en la legislación laboral argentina, es decir, 48 horas semanales.
El informe considera que "los países que bajaron las horas trabajadas lo hicieron luego de haberse desarrollado, con crecimiento económico y de la productividad sostenidos", frente a lo que observa que estas mismas condiciones en la Argentina no se dan.
El análisis establece que una reducción laboral, manteniendo el mismo salario, en realidad afectaría el monto final en los bolsillos de un 42% de los trabajadores si se rebaja la jornada a 40 horas y un 64% si ese número se reduce a 36 horas por semana.
Esto se debe a que los costos laborales aumentarían: "Para un trabajador contratado por 48 horas que pasara a tener una jornada legal de 36 horas, el costo laboral por hora aumentaría 33,3% por la nueva jornada legal y 50% si se mantuviera la jornada efectiva y se pagaran horas extra", indica el informe.
Así, si se considera el costo laboral por hora por la reducción de la jornada laboral este aumentaría alrededor del 10% en términos agregados, lo que dificulta ampliamente "lograr un aumento en la productividad para compensar tal aumento de costos".
Ante esto, el informe concluye que, al aumentar el costo laboral por hora, "los incentivos a mantener empleos y generar trabajo serán menores", se contratará con salarios más bajos de entrada y ciertos empleadores podrían volcarse a la informalidad.