En un contexto de suma precariedad, el Gobierno negocia con los gobernadores extender por un año más la suspensión de la baja gradual de Ingresos Brutos y las disposiciones sobre los impuestos a inmuebles, Sellos y otros tributos subnacionales para dar alivio a esas arcas y reducir el nivel de asistencia financiera que vienen requiriendo del Tesoro en un año signado por la retracción económica y la pandemia de coronavirus.
El respiro para las cajas provinciales que negocian los ministros de Economía, Martín Guzmán, y del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro no será gratuito, sino que será a cambio de no incrementar el stock de deuda en moneda extranjera y, por el contrario, optar por instrumentos nominados en pesos
En este sentido también quedarán en suspenso por un año el inicio de litigios contra el Estado nacional por demandas ligadas al régimen de coparticipación federal, las afectaciones específicas de recursos y las transferencias de competencias, servicios o funciones.
A su vez, los gobernadores deberán aceptar que toda reasignación de recursos en el marco de la transferencia de competencias, servicios o funciones no se guiará ya por la Coparticipación, sino a través de mecanismos por fijar cada año en el Presupuesto a instancias del Tesoro. En esa línea se enmarca el proyecto de ley que Diputados aprobó en la madrugada del martes para fijar un nuevo esquema de transferencias de recursos a la ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la Policía Federal, pero que Horacio Rodríguez Larreta desdeña por considerarlo discrecional y ajustado a la baja.
La administración porteña es el principal escollo para que el Consenso 2021 encuentre la misma adhesión, dada la abierta confrontación que se ahondó entre Nación y Ciudad desde que Alberto Fernández decidiera descomprimir la asonada policial bonaerense en reclamo de mejoras salariales quitándole la excedencia de fondos coparticipables a la capital federal que el expresidente Macri le otorgara en 2017 para financiar el traspaso policial, con una suba del 1,4% al 3,5% de los recursos federales de transferencia automática.
Más aún, la pelea entre Nación y Ciudad tuvo otro round en los últimos días al ventilarse la intención de Larreta de gravar la renta de las Leliqs y otros instrumentos financieros. El titular del Banco Central, Miguel Pesce, salió al cruce del proyecto, y ahora el nuevo borrador del Consenso estipula explícitamente la imposibilidad de cargarlos. El coletazo golpearía de paso la recaudación de la provincia de Tucumán, donde ya rige un esquema similar.
Más allá de este punto, el Gobierno espera que mediante este Consenso las provincias faciliten el intercambio de información con la AFIP "a los fines de optimizar los procesos de verificación y fiscalización". En los hechos, el fisco que comanda Mercedes Marcó del Pont quiere tener la información concerniente a la titularidad de los bienes inmuebles y otros bienes registrables y su valuación que reposa en los anaqueles de las autoridades tributarias provinciales para presionar a los contribuyentes que falsean sus declaraciones para evadir la carga tributaria.
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