El Gobierno convocó a audiencia pública para definir el aumento de la tarifa del gas

El secretario de Energía, Darío Martínez, fijó la audiencia pública para el lunes 15 de marzo. Allí se analizará el costo mayorista y qué proporción debe subsidiar el Estado.

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El secretario de Energía, Darío Martínez, convocó a audiencia pública para estudiar un posible aumento en las tarifas de gas, que sería el primero durante la presidencia de Alberto Fernández. El encuentro será el 15 de marzo. 

Allí se estudiará el costo del gas natural y la proporción de la que se tiene que hacer cargo el Estado nacional mediante subsidios, 75 días después de implementar el Plan Gas 2020-2024, ya en funcionamiento.

Solamente se analizará la parte mayorista del gas, al menos por lo resuelto hasta el momento. 

La Resolución 117/2021 firmada este martes convoca a la audiencia pública que tendrá lugar desde las 10 por la plataforma digital Webex.

Como anticipó El Cronista el viernes pasado, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) está cerca de llegar a un acuerdo con las empresas distribuidoras y transportistas de gas para implementar un aumento de entre 7% y 9% final en las boletas, exclusivamente para remunerar a las licenciatarias del servicio público regulado.

Esta idea de una parte del Frente de Todos implica mantener congelado en pesos el costo del gas, que es lo que se estudiará, precisamente, en la audiencia pública del 15 de marzo.

Si finalmente predomina esta idea, que impulsa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ejecuta Federico Bernal como interventor del ente, desde el 1 de abril los usuarios tendrán en sus facturas únicamente un incremento para que firmas como Metrogas, Naturgy, Camuzzi, EcoGas, Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN) puedan hacer frente a los costos salariales y de operación y mantenimiento.

En este segmento, la suba sería de entre 25% y 29%, por debajo de la inflación presupuestada para 2021.

Las compañías del sector reclaman un ajuste de entre 85% y 90%, en línea con la inflación mayorista acumulada desde abril de 2019, cuando se implementó el último aumento en las tarifas.

A diferencia del carácter de monopolio natural de la prestación del servicio público de transporte y distribución, la producción de gas natural es competitiva y no se encuentra regulada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Martínez declaró: "Creemos que es sumamente importante asegurar la transparencia en la toma de decisiones que afectan el interés común de la ciudadanía, como lo es el costo del componente gas natural que pasa a la tarifaque debe adecuarse al salario de las argentinas y los argentinos, y no al revés".

El Plan de Promoción de la Producción de Gas Natural Argentino - Esquema de Oferta y Demanda 2020-2024 (Plan Gas.Ar) fue licitado en diciembre del año pasado y está en marcha desde el 1 de enero de 2021.

De la licitación surgieron precios promedio de u$s 3,50 por millón de BTU para el abastecimiento de distribuidoras y a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), que a su vez revende el gas a las generadoras eléctricas para sus centrales térmicas.

Actualmente, los hogares y comercios pagan en pesos el equivalente a u$s 2,10, un precio que por la constante devaluación del peso se fue degradando desde los u$s 4,62 de abril de 2019.

El Gobierno había calculado que los usuarios deberían abonar alrededor de u$s 2,30 por millón de BTU, mientras que el Estado subsidiaría la diferencia (u$s 1,20). Este esquema tendría un costo fiscal cercano a los u$s 1491 millones durante 2021.

Y allí radica las principales diferencias en el Frente de Todos: congelar el precio del gas en pesos para los usuarios servirá para mejorar los ingresos reales de las familias y traccionar la actividad económica por la vía del consumo, pero también requerirá de un esfuerzo fiscal del Estado y un mayor déficit, en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ministro de Economía, Martín Guzmán, defiende a rajatabla el Presupuesto 2021, que establece que los subsidios en relación al Producto Bruto Interno (PBI) serán iguales que el año anterior: 2,2%, de los cuales 1,7 puntos corresponden a la energía y otros 0,5 al transporte.

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