Endurecen los criterios para que grandes empresas puedan recibir el salario pagado por el Estado

En medio de la inestabilidad que atravesó el mercado cambiario la semana pasada y provocó una escala histórica del dólar en su operatoria informal, el gabinete económico del Gobierno determinó endurecer los requisitos exigibles a las grandes compañías que demandan la asistencia del Estado para el pago de salarios, de manera de filtrar entre aquellas con verdaderas dificultades de caja, y otras que podrían subvertir la causa para la cual fue creado.

El comité de evaluación y monitoreo del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) estableció al cierre de la semana que las compañías con más de 800 empleados que requieran ayuda para abonar los sueldos de mayo -por depositarse en junio- quedarán impedidas de realizar operaciones financieras por dos ejercicios fiscales, y ya no uno como rigió la primera transferencia dirigida al pago de haberes de abril. Fuentes oficiales lo confirmaron a El Cronista.

Este lunes el cambio de criterios fue reflejado en el Boletín Oficial, con la publicación de la decisión administrativa 817/2020.

 A comienzos de mes, el cónclave que reúne al jefe de gabiente, Santiago Cafiero, y su espada económica, Cecilia Todesca, con los ministros de Economía, Martín Guzmán; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Trabajo, Claudio Moroni, y a los titulares de la ANSeS, Fernanda Raverta; AFIP, Mercedes Marcó Del Pont, y el Banco Central, Miguel Pesce, había establecido los criterios para incorporar a grandes empresas al programa de sostén. Entre estas, figuran automotrices, siderúrgicas, empresas de retail y grandes cadenas de comida.

De recibir el salario complementario, los mayores empleadores del país quedarían impedidos por el corriente ejercicio fiscal de distribuir utilidades, recomprar acciones, adquirir títulos en pesos para su posterior venta en moneda extranjera, transferencia en custodia al exterior o posterior liquidación de compras en el extranjero.

Ante las reiteradas críticas del presidente Alberto Fernández sobre grandes empresas y ejecutivos que intervendrían para alterar el valor de la divisa norteamericana, que cerró en $ 138 el viernes en su opción de compra "blue", las dependencias económicas apuntan a cerrar el grifo de la ayuda estatal ante la sospecha de que ese dinero podría volcarse a operaciones financieras, y dejarlo apenas para aquellas que efectivamente enfrenten situaciones de riesgo para continuar operando.

Además de la inhibición de ciertas operaciones bursátiles, para controlar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la percepción del salario complementario, el comité del programa ATP encomendó la AFIP que remita al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la nómina de empresas con más de 800 trabajadores que accedieron al beneficio, para que efectúen "acciones de control" según sus respectivas competencias.