La jueza Loretta Preska no hizo lugar a un pedido del Gobierno para extender el plazo para presentar garantías por el caso YPF por 30 días. El rechazo de la magistrada deja al país a tiro de los pedidos de embargo ya que la fecha límite quedó pautada para el 10 de enero.
La Argentina busca retrasar el pago de una sentencia judicial por u$s 16.000 millones en el caso de la nacionalización de la empresa. Para ello había presentado una apelación el 15 de septiembre alegando que "pagar la sentencia o depositar una fianza durante la apelación causaría graves dificultades al pueblo argentino".
Hoy Preska rechazó la solicitud de prórroga de 90 días solicitada por el Gobierno, por lo que la actual administración tendrá hasta el próximo 10 de enero para hacer efectiva una garantía. De lo contrario, Burford Capital, que adquirió el derecho de perseguir el reclamo en cuestión podrá solicitar embargos al país a partir del jueves 11 de enero.
El estudio mencionado había solicitado oportunamente autorización al tribunal para empezar a embargar activos argentinos a fin de cumplir la sentencia ya que, señaló en ese momento, la Argentina "no tenía intención" de pagar.
"Simplemente, Argentina no tiene intención de pagar la sentencia, y sería espurio que Argentina sugiriera lo contrario", había señalado el abogado de Burford, Randy Mastro, en una carta enviada a Preska en aquel momento. pidiendo que no se le concediera al país ningún tiempo adicional.
Inmediata atención
"Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata", escribió Preska, según destacó en X Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y especialista es este extenso juicio.
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