En medio de la presión en el Congreso y la incertidumbre sobre si finalmente se conseguirán las adhesiones para el Presupuesto 2025, los gobernadores de Juntos por el Cambio presionaron al gobierno de Javier Milei por una definición sobre ciertos fondos clave que ayudarían a descomprimir la situación fiscal de las provincias para el año próximo.
A pesar de que existen diálogos constantes entre Nación y esas provincias, los mandatarios finalmente emitieron un comunicado fijando en público una postura sobre la posibilidad de debatir los recursos que reclaman para el año próximo y evitar la prórroga del Presupuesto 2023 por segunda vez.
En primer término, los 10 mandatarios que componen al grupo de gobernadores cambiemitas manifestaron estar de acuerdo con un proyecto que tenga el déficit cero como premisa: "Le hemos manifestado a las autoridades nacionales nuestra predisposición a alcanzar un acuerdo que garantice el equilibrio fiscal".
Aun así, solicitaron que el Ejecutivo cumpla "la ley" y tomen en cuenta la inclusión de ciertos puntos para que "sí sean parte del presupuesto nacional del 2025".
El comunicado fue firmado por los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe); y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Uno por uno, los 4 puntos que piden el PRO y la UCR para apoyar el Presupuesto
En concreto, los jefes provinciales pidieron que el Ejecutivo revea cuatro políticas: 1) la compensación del Consenso Fiscal; 2) las Cajas de Jubilaciones no transferidas; 3) la eliminación del Impuesto a los Combustibles Líquidos; y 4) la devolución de los aportes provinciales al ARCA.
Sobre el primer término, el comunicado justifica que "desde el primer trimestre del 2023 y durante todo el 2024, el gobierno nacional ha actualizado las transferencias de la compensación en un porcentaje inferior al determinado por ley, generando una deuda para las jurisdicciones beneficiarias que se incrementa mes a mes".
Al respecto del segundo punto, marcan que, a pesar del financiamiento provincial a la ANSES, el gobierno nacional "ha incumplido con la normativa que lo obliga a financiar las cajas deficitarias. Esto genera una situación de inequidad fiscal entre las distintas provincias, afectando los sistemas previsionales, y generando un fuerte pasivo para los Tesoros Provinciales".
Sobre el tercero, explicaron que el gobierno "recauda un impuesto coparticipable que tiene una serie de asignaciones específicas para destinos que han sido discontinuados (subsidios al transporte urbano) o cuya ejecución es poco clara. Dichas asignaciones específicas deberían eliminarse para que se ejecuten en obras prioritarias de infraestructura o en subsidios provinciales al transporte público de pasajeros".
Y para la última, indicaron que "con la eliminación de los cargos jerárquicos de la AFIP, solicitamos al gobierno nacional que se reduzca el aporte que realizan las provincias con sus recursos a los salarios y financiamiento de esa mega estructura ahora disuelta".
Según los cálculos de los gobernadores, el cumplimiento de estos puntos significa 0,3% del Producto Bruto Interno; merma que pidieron que sea cubierta a través de la eliminación de algunos regímenes especiales (como puede ser el de Tierra del Fuego) y que, en su totalidad, alcanzan el 3% del PBI.
Si bien originalmente la idea era salir con el comunicado en conjunto el lunes, la movida se demoró y terminó de cerrarse la letra del mensaje poco antes del mediodía. "No había una especulación, más bien una cuestión de tiempos", aseguró un hombre cercano a uno de los jefes provinciales de más alto perfil, en diálogo con El Cronista.
Hasta ayer mismo circulaba la versión de una posible reunión de los gobernadores radicales y amarillos con los interlocutores del Gobierno en Casa Rosada. También se sumarían los jefes de bloque, a cargo de articular cualquier entendimiento político para traducirlo en votos, como Cristian Ritondo (PRO) y Rodrigo de Loredo (UCR).
Desde el Gobierno indican que están en diálogo con todas las provincias pero que no está dentro de sus opciones el de reunir a varios grupos como se hizo en otros debates. Por el contrario, quieren que sea una negociación individualizada para así también ver quiénes están comprometidos en acompañar otras propuestas que impulsan los libertarios como la reforma electoral, la privatización de Aerolíneas Argentinas y el pliego de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
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