La Liga Bioenergética de Provincias Argentinas le solicitó la semana pasada al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, una "urgente audiencia" para comentarles sobre el "acuciante momento" de todos los productores de biocombustibles. Las plantas operan al 50% y algunas están directamente paradas mientras el Gobierno no fijó un nuevo precio mínimo para la mezcla con naftas y gasoil.
En este grupo, donde tallan fuerte las provincias de Santa Fe, Córdoba y Tucumán, empezaron a escuchar más atentamente en las últimas semanas a gente cercana a La Cámpora, de llegada directa al Gobierno nacional. En constante batalla con las petroleras por el abastecimiento del mercado interno, cambiarán la estrategia para conocer cómo piensa la nueva administración y acercarse a una solución. Su objetivo es lograr que aumente el corte obligatorio al 15% en una primera etapa y escalar al 27% más adelante.
Para ello, los asesores kirchneristas les empezaron a recomendar a los productores que bajen el tono de la pelea con las refinadoras (YPF, Axion, Raízen y Trafigura) y que se enfoquen en destacar los conceptos de "industria nacional" y "federalismo", más proclives a ser mejor recibidos por Alberto Fernández y su equipo. El trabajo empezó hace meses y se intensificó en estos días.
Otro de los ejes que comunicarán para seducir al Gobierno nacional es el de evitar la formación de oligopolios y fomentar a las pymes. Con la cerealera Vicentín en quiebra y con un escándalo por el préstamo del Banco Nación, en la Liga Bioenergética remarcan que hay un gran riesgo de que la producción quede concentrada en Cargill, Dreyfus (LDC), Molinos Río de la Plata, Cofco, Renova, Terminal 6 y Viluco.
Verónica Geese, secretaria Ejecutiva del espacio y ex secretaria de Energía de Santa Fe, adelantó que si no reciben respuesta de Kulfas o de la Secretaría de Energía nacional, lanzarán este lunes un "comunicado de emergencia" para advertir sobre la gravedad de la crisis y los trabajos en riesgo. "El sector no aguanta hasta que se solucione la macroeconomía y la renegociación de la deuda", aseguró.
El régimen de promoción de los biocombustibles vence en mayo de 2021. Con la capacidad exportadora reducida al mínimo, dado el cierre del mercado de Estados Unidos en el caso del biodiesel, los productores se enfrentan a la posibilidad de tener que cerrar sus fábricas si el Estado no renueva los incentivos.
Tal como adelantó en exclusiva El Cronista hace diez días, el último round entre petroleras, aceiteras y productores de maíz se jugó cuando en las refinadoras le contaron a este diario que entregarán al secretario de Energía, Sergio Lanziani, y a su subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, un informe en el que concluyeron que el régimen de promoción tuvo un costo para el país de u$s 6000 millones en 15 años. En respuesta, desde el sector de los biocombustibles comentaron que sustituyeron importaciones por u$s 6900 millones y agregaron valor en origen a las materias primas (soja y maíz).
En su misiva a Kulfas, la Liga Bioenergética subrayó que "la falta de definición del precio de enero pone en jaque a las empresas, obligándolas a suspensiones y/o despidos, el efecto menos buscado por todos", aunque concedieron que la crisis empezó con los cambios en las fórmulas de precios regulados que impulsó el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri. Los productores esperan que el biodiesel y el bioetanol aumenten un 10%.
Consultados por este medio, en el Gobierno dijeron que están en pleno análisis de los precios y el cupo y que recibirán de manera individual a los actores del sector.
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