Democrática, también conocida como la "Ley de Nietos", permite que los descendientes de españoles nacidos y exiliados durante el franquismo puedan acceder a la nacionalidad hispana y todos los derechos y obligaciones que esta conlleva.
Esta medida es especialmente popular en países como Argentina, lugar donde llegaron una gran cantidad de desterrados políticos. Al momento de aprobarse la Ley, se registraron más de 19 mil solicitudes del país americano.
A pesar de que el proceso de nacionalizaciones a través de la Ley sigue su curso, la Justicia aún se debe expedir sobre la normativa a través de una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Este es el reclamo de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, quienes consideran que la normativa posee "un fuerte sesgo ideológico que les resta objetividad".
Es por este motivo, que la asociación ha solicitado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que la aplicación de la Ley de Memoria Democrática sea suspendida mediante medidas cautelares. Su argumento se basa en que se están produciendo "presuntas irregularidades, como la aprobación de una instrucción el 20 de octubre (no publicada y enviada a todos los Registros civiles, provinciales y consulares) y a los 5 días la aprobación de otra con un contenido totalmente diferente, que sí fue publicada en el Boletín Oficial del Estado".
QUÉ ES LA ASOCIACIÓN POR LA RECONCILIACIÓN Y LA VERDAD HISTÓRICA
La organización fue creada en 2007 para oponerse a la Ley de Memoria Histórica, impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero. Según indica en su página web, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica fue "creada únicamente con la intención de reconocer y reparar a las víctimas de uno de los dos bandos que se enfrentaron, falsificando la historia y en muchos casos mutilándola" y su objetivo principal es "la verdadera reconciliación entre los españoles".
Además de ser conocidos por las marchas reivindicando símbolos y figuras del franquismo, la Asociación fue noticia cuando en 2022 se opuso a la exhumación de cuerpos en el Valle de los Caídos. Desde la organización, quienes indican que está formado por "un equipo de profesionales del derecho, de la historia, de la arquitectura y de la sociedad civil", pidieron suspender el proceso por considerarlo "enloquecido" y "necrófilo".
LOS MOTIVOS POR LOS CUÁLES QUIEREN DEROGAR LA LEY DE NIETOS
"Al darse por hecho, como presunción general, que todos los españoles que emigraron a América desde 1936 a 1955 fueron exiliados políticos", indican desde la asociación, "se podría haber cometido un presunto delito de falsedad documental, pues se está declarando por parte de funcionarios públicos algo que no es cierto, y que puede acreditarse fácilmente". Además, apuntan que "la disposición adicional octava de la Ley de Memoria no dice, pues sólo da derecho a la nacionalidad a los hijos y nietos de exiliados políticos, ideológicos, por creencia u orientación sexual, pero no a los exiliados económicos, que no se encuentran en modo alguno en ninguna de las circunstancias mencionadas".
Es por eso que, para evitar una "situación de caos", desde la organización se solicitó una medida cautelar para suspender la instrucción. Además, no descartan "la presentación de querellas criminales contra los responsables de los ministerios de Justicia, Presidencia y Exteriores por este modo de proceder".
EL GOBIERNO SOSTIENE QUE LA PRESUNCIÓN DE EXILIO DE LOS SOLICITANTES SERÁ VERIFICADA
En víspera de la aprobación de la ley, David Casarejos, presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), indicó que esperaban una "avalancha" de peticiones, especialmente de Cuba, Argentina, Venezuela y México. A pesar de ello, explicó que la ley "va a volver a dejar un montón de gente fuera" y aseguró que "los hijos de padres que no perdieron la nacionalidad y que la mantuvieron toda su vida se quedan fuera de esta ley".
En cuanto a la presunción de exilio, el Gobierno anunció que seguirán el mismo procedimiento que la ley de 2007, por el cual no se requería presentar documentos o pruebas al respecto. Sin embargo, la Ley de Memoria Histórica se aplicaba a un período más corto, desde 1936 hasta 1955, mientras que esta nueva se extiende hasta 1978. Por lo tanto, la CGCEE espera que la presunción de exilio también se considere al final del período franquista.
QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LA LEY DE NIETOS
Según indica la Ley de Memoria Democrática, quienes pueden solicitar la nacionalidad española son:
- Aquellas personas que hayan nacido fuera de España, cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubieran sido españoles que hayan sufrido el exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.
- Aquellos hijos e hijas de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978
- Aquellos hijos e hijas mayores de edad de españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITAR LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A TRAVÉS DE LA LEY DE NIETOS
- El acta de opción por la nacionalidad española
- Partida de nacimiento para los progenitores, en caso de que no esté inscripto en el Registro Civil Español.
- Partida de nacimiento de la persona interesada expedida por el Registro Civil del país de origen, legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y con postilla de La Haya.
- Acta de matrimonio de los progenitores o partida de nacimiento del padre o madre que no posee la nacionalidad española.
- Pasaporte español o partida de defunción del progenitor
- DNI del país al que haya migrado del progenitor español
- DNI del solicitante
- En caso de adopciones, se debe adoptar el testimonio completo de adopción junto a la partida de nacimiento
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