El Gobierno nacional renovará la semana próxima hasta julio el programa Precios Cuidados, cuya última prórroga venció el 7 de abril, con una oferta igual de productos y marcas y, un aumento promedio de precios del 5%.
El programa de la Secretaría de Comercio Interior es anual, con actualizaciones de precios trimestrales. De acuerdo a las estimaciones de las consultoras privadas la inflación acumulada entre enero, febrero y marzo se ubicará cerca del 12%, por lo que estos aumentos quedarían un 7% por debajo.
De todos modos, fuentes de la industria alimenticia informaron a El Cronista que los arreglos entre los distintos sectores son disímiles. Cada empresa negocia con la Secretaría de Comercio y los aumentos irán entre un 4% y 7% dependiendo el rubro.
La continuidad del programa que contiene 660 artículos en el contexto inflacionario actual del país lo transforma en uno de los ejes centrales de la política de precios oficial. En distintas ocasiones Paula Español, secretaria de Comercio Interior, afirmó que el objetivo es: "impulsar más consumo y que el producto que esté en Precios Cuidados sea el de referencia".
Pero, ¿Qué tan efectivo es este plan? más allá de los cuestionamientos de algunos analistas privados y de la oposición, un estudio de la fundación COLSECOR comparó el valor promedio de 15 productos a lo largo del país y encontró variaciones de precios de hasta 129% con respecto al programa de referencia Precios Cuidados.
Desde el ministerio de Desarrollo Productivo aceptan que los precios y productos pueden varias según la región. Hay cinco distintas: AMBA, el resto de la provincia de Buenos Aires, Cuyo y el Litoral, NEA y NOA y la Patagonia.
MALESTAR ENTRE EMPRESAS Y EL GOBIERNO:
Los reclamos de las empresas alimenticias se centran en la desarticulación del congelamiento de precios por el programa Precios Máximos, que lleva más de un año. Y, en segunda medida, en acotar los nuevos monitoreos que lanzó la Secretaría de Comercio Interior.
Desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) su presidente Daniel Funes De Rioja, adelantó a El Cronista que aunque mantienen conversaciones con el ministerio de Desarrollo Productivo "si vemos que no hay espacio para ese dialogo analizaremos otras instancias para terminar con Precios Máximos".
Con el objetivo de "promover relaciones de consumo más equilibradas" desde la Secretaría lanzaron hace pocos días el Sifire, un sistema de fiscalización para "prevenir engaños en la veracidad de la información que contienen los rótulos o etiquetas de todos los productos disponibles en las góndolas".
Ante esta noticia, la Copal interpuso un reclamo administrativo y solicitó la suspensión de los efectos hasta tanto se evalúe su derogación. Desde la entidad confirmaron que aún no tuvieron respuesta del Gobierno. Sus fundamentos fueron: "la ilegalidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad de dicho régimen informativo y que, intensifica la carga burocrática de las empresas".
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