Con nuevas reglas y más restricciones financieras, la cantidad de empresas que pagarán los sueldos de mayo de sus trabajadores en relación de dependencia con auxilio estatal, a través del salario complementario que ofrece el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), cayó abruptamente y se ubicó 21,5% por debajo en comparación con el soporte que tuvo el sector privado en abril.
Este miércoles, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) finalizó de procesar las inscripciones al ATP y contabilizó 1,8 millones de trabajadores del sector privado como efectivos receptores de la asistencia estatal, que cubre hasta el 50% del salario neto con un tope de dos salarios mínimos, vitales y móviles, es decir, $ 33.750.
En términos de manos de obra privada asistida, este mes la ayuda estatal para el pago de salarios se verá reducida 18,2%, siendo que ya no asegurará haberes para 2,2 millones de trabajadores como ocurrió en mayo, para los sueldos de abril, sino a 1,8 millones.
La AFIP no emitió oficialmente una explicación por la reducción de más de 50.000 empresas y aproximadamente 400.000 trabajadores en la nómina de beneficiarios.
Sin embargo, muchas firmas comunicaron en este período a sus empleados que se darían de baja del programa ATP por las restricciones que el Gobierno dispuso para aquellas adjudicatarias del aporte económico.
A mediados de mayo, y mientras la ANSeS ya ejecutaba un cronograma de pagos a privados, la AFIP endureció los criterios para ser beneficiario del salario complementario. Además de demostrar una caída del 30% real en la facturación interanual, las empresas solicitantes quedarían impedidas de realizar operaciones financieras por dos ejercicios fiscales, sobre todo en pos de desinflar la demanda de dólares a través del contado con liquidación.
Otro razonamiento que ayer hacían funcionarios nacionales en base a estimaciones es que el período que ahora consideró la AFIP para determinar quién era beneficiario y quién no toma la facturación del mes de abril, que tuvo una semana de "cuarentena estricta" y otras tres en las que se fueron otorgando permisos de reapertura, y más aún en el Interior. Eso podría haber descalificado a muchas firmas que sí entraron al beneficio en marzo, cuando los efectos sobre la actividad incluso se sintieron previamente al dictado del aislamiento obligatorio.
Asimismo, un proyecto de la diputada Fernanda Vallejos (Frente de Todos) acerca de conceder al Estado acciones de las grandes empresas receptoras de ayuda, al cual se montó la oposición para acusar de instrumentar una "política confiscatoria", provocó rechazo del empresariado y pudo haber desalentado la renovación del beneficio.
El fisco aseguró que las 194.000 empresas beneficiadas por el programa ATP podrán consultar los montos que serán depositados por el Estado en las cuentas bancarias de cada uno de las trabajadoras y los trabajadores alcanzado por el salario complementario.
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