Luego de atravesar una compleja semana signada por el cese de la comercialización de granos por parte de tres entidades que nuclean a los productores rurales, y verse forzado a desandar la suspensión de las exportaciones de maíz, el Gobierno dio señales de apostar por el camino del diálogo de aquí en adelante frente a las patronales del campo para resolver un problema acuciante como lo es el violento aumento de los precios de los alimentos no regulados por la presión que ejerce sobre el mercado interno la pronunciada suba de las commodities en los mercados internacionales.
Luego de idas y vueltas, el Gobierno concluyó la semana pasada por ceder ante el paro protagonizado por los integrantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), de Confederaciones Rurales (CRA), y de la Federación Agraria (FAA) para protestar ante la decisión del Ministerio de Agricultura de cerrar temporalmente el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para embarques de maíz previos al 1 de marzo, cuando entra la nueva cosecha, para poder garantizar el abastecimiento interno. Apenas se inició la medida de fuerza, a medianoche del lunes 11, la cartera agrícola volvió sobre sus pasos y admitió un tope de 30.000 toneladas diarias para exportación, pero 72 horas después eliminó también esa medida y propuso un monitoreo del saldo exportable del maíz, a partir de un acuerdo alcanzado con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).
El desenlace del conflicto puso en evidencia el mismo proceso de toma de decisiones al interior del gabinete del presidente Alberto Fernández, y la incapacidad de sostener una medida que no avizoraba dar resultado para resolver la suba de los costos de producción, y a su vez minaba el trabajo de mediano y largo plazo con el sector. De allí que el Gobierno, pese al coro de voces disonantes, apueste de ahora en adelante por concertar antes que rivalizar.
Aunque la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva dio potestades al Ejecutivo para subir 3% más los derechos de exportación que hoy rigen sobre las ventas de maíz y trigo al exterior, y algunos funcionarios hayan hablado en tal sentido, el sector confía en que el Frente de Todos apostará por no romper totalmente con el campo y, por lo pronto, no avanzará con una mayor carga impositiva que rápidamente puede ser absorbida por una devaluación o la suba de la cotización de los granos.
Así las cosas, el Gobierno demora por ahora una suba de retenciones y prefiere recuperar las mesas sectoriales, donde se discute cómo "alcanzar los objetivos de precios accesibles y abastecimiento interno", en palabras del ministro de Agricultura, Luis Basterra. El éxito de las negociaciones está aún en duda, ya que varios dirigentes rurales ven al Gobierno "sin brújula" para incrementar la producción y atacar los problemas estructurales, ni creen que el "desdoblamiento" que pide la Casa Rosada sea practicable cuando la dinámica de los precios obedece, también, a otras causas.
Los ruralistas señalan con el dedo en alto el incremento de los combustibles con su particular afectación sobre todo el proceso de producción, pero también los precios a los que se arrienda la tierra y el rol de los supermercadistas en la formación de los precios finales al consumidor, tras un diciembre marcado por el 4% de inflación, y un enero que los privados ven en iguales términos.
El Gobierno viene trabajando desde el inicio de su mandato con los representantes de los productores primarios en la confección de un proyecto de ley que establezca un nuevo esquema tributario, con incentivos para el agregado de valor y las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario, antes que la simple venta de granos. Ese proyecto está atado a la reforma tributaria que el ministerio de Economía proyecta enviar en el transcurso del año para su debate en el Congreso de la Nación.
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