“El contexto de Rosario es muy complejo y muy diferente a Córdoba. Sobre todo lo que tiene que ver con el afloramiento de la violencia. Se producen las muertes que estamos viendo casi todos los días por una disputa territorial de las organizaciones criminales que venden drogas en Rosario: ya que los cabecillas están presos, entonces las segundas líneas se matan por el territorio. Bueno, eso no sucede en Córdoba. Todavía no estamos en ese nivel”, describe el fiscal federal Carlos Gonella.
“Sí hemos visto, como parte del fenómeno de la narcocriminalidad, que las organizaciones criminales buscan beneficios materiales. No es que el producto de la venta se lo guardan, sino que lo aplican, hacen inversiones, compran inmuebles… Hay muchísimas tipologías para inyectar dinero”, dice.
Gonella tuvo a su cargo el “Caso Torres”, un narco que fue asesinado frente a su casa en el año 2016 en la ciudad de Río Cuarto. “Se dedicaba a lavar dinero a un narco. La hipótesis que se investiga, sobre el motivo de su muerte -que la lleva a la justicia provincial-, estaría vinculada a un grupo de Rosario que vinieron a ajusticiarlo”, dispara.
San Francisco y el departamento de Punilla, en la mira
“Nosotros estamos haciendo un seguimiento y han saltado algunas líneas que vinculan a Punilla, pero de ahí no te puedo decir más. También está la zona caliente de Frontera y San Francisco, donde hay una colega trabajando”, dice el fiscal.
Sin entrar en detalles (por el momento en que se encuentra la investigación), Gonella advierte que están fortaleciéndose en una articulación con fiscales del Poder Judicial de Córdoba para abordar el fenómeno de la narcocriminaidad en sus múltiples aristas. Arman equipos de trabajo en común, donde cada uno investiga la parte que le corresponde de acuerdo a las leyes. “Es decir, los fiscales de la provincia, el narcomenudeo, y nosotros en los segmentos medio y superior, y el lavado”, aclara.
En qué invierten los narcos (y qué hacer desde el sector privado)
Según Carlos Gonella, el dinero que se genera con el narcotráfico se aplica en múltiples destinos: desde el mercado inmobiliario hasta inversiones bursátiles: “Yo me acuerdo que en el caso de CBI, que ustedes hicieron un seguimiento, yo inicié mis alegatos exhibiendo una conversación telefónica, donde había un grupo criminal de droga que quería poner un millón y medio de pesos en ese momento, ¿no? 2013, 2014… Y hablaba con el interlocutor de CBI”, y sigue: “También las cuevas son un ámbito en donde se canalizan estos activos, porque ahí los narcos maximizan sus inversiones”.
El sector privado es un aliado estratégico “porque debe comprometerse también”, en palabras del propio fiscal. Pueden aplicar estándares de prevención, “por ejemplo, los correos privados -sobre todo a partir de la pandemia donde se movió mucho el envío-, vos sabés que las drogas sintéticas que entran por Ezeiza desde Europa se distribuyen a través de los correos. Hemos tenido, nosotros, interesantes reuniones y compromisos. Creo que hay que sumar ese compromiso en el sector privado para poder colaborar en un objetivo común”.
Nadie quiere que se cuele el dinero narco en nuestra economía, por los perjuicios que se generan. Pero qué pasa cuando adquieren inmuebles u otro tipo de activos, ¿hay forma de prevenirlo? ¿De estar un paso adelante para que la operación no se concrete?
Gonella responde: “El Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo multilateral que se encarga de generar altos estándares de lucha contra la criminalidad económica, entre ellas el lavado de activos, tiene una serie de pautas técnicas que son de cumplimiento obligatorio para Argentina”.
Analicemos el caso concreto de una operación inmobiliaria: “Las inmobiliarias, las escribanías, están obligadas a reportar operaciones sospechosas dentro del ámbito propio de la actividad que se desarrolla. Entonces, por ejemplo, si viene una persona que está registrada como empleada pública con un ingreso medio y quiere adquirir una propiedad valuada en un millón de dólares, ahí la escribanía o la inmobiliaria tiene que exigir tener claro el origen del fondo. Suponiendo que trae una declaratoria de herederos o trae un boleto de lotería, listo, ¡está cumplido! Ahora, si no justifica el origen del fondo, entonces la inmobiliaria, la escribanía, está obligada a reportar esa operación como una operación sospechosa a la UIF, a la Unidad de Información Financiera, que se encarga de liderar la prevención de lavado de activos y posiblemente eso termine en un caso judicial. Y la responsabilidad del sector privado es de prevención”, concluye.
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