Hay dos bombas en lo que confirmó Federico Sturzenegger ante desarrolladores e inmobiliarios el pasado lunes en Buenos Aires: que en junio enviará al Congreso un paquete de desregulación del mercado inmobiliario, y que el foco no es solo bajar comisiones, es atacar de raíz el modelo por el cual un colegio profesional usa el poder del Estado para fijar un precio mínimo y bloquear a quien cobre menos.
Sturzenegger lo dijo sin rodeos frente a la plana mayor del sector, en el evento "Real estate 2026: expectativas y realidad" organizado por Reporte Inmobiliario en la Universidad Católica Argentina.
Que un colegio profesional fije un precio mínimo es, en sus propias palabras, "una aberración social", remarcó. Lo que quiere eliminar son los "costos de intermediación innecesarios". Y lo que identifica como el problema son los "privilegios creados por ley" —su forma de nombrar las protecciones corporativas que hoy blindan a distintas profesiones de la competencia.
El blanco declarado son los corredores inmobiliarios y sus aranceles mínimos obligatorios. Difícil defenderlos: matrícula obligatoria, barreras de entrada, precios pisados por ley. Es el caso de manual que Sturzenegger necesita para instalar la discusión en el Congreso.
Pero acá viene la pregunta incómoda: ¿dónde termina esa lógica?
El criterio que planteó el ministro no apunta solo a las inmobiliarias. Apunta a un modelo específico: colegio profesional + matrícula obligatoria + tarifa mínima + sanción o bloqueo si cobrás menos. Bajo esa lupa, el mapa de exposición se amplía bastante más allá del corredor que cobra su 3%.
Quiénes están en la mira:
El caso más delicado es el de los escribanos. No son prestadores privados puros: ejercen una función pública, otorgan fe pública y hacen posible la registración y la seguridad jurídica en cada compraventa. Tocarles el arancel es meter bisturí cerca de un nervio institucional. Pero si el Gobierno quiere bajar en serio los costos de una operación inmobiliaria -y Sturzenegger dejó en claro que esa es la intención- tarde o temprano va a mirar ahí.
La distinción clave, para cada profesión, es si el honorario mínimo es realmente "sugerido" o si en la práctica funciona como un piso real: porque cuando el colegio puede sancionar o bloquear un trámite al colega que cobra menos, la diferencia entre "sugerido" y "obligatorio" es cosmética.
El paquete llega al Congreso en junio. El debate recién empieza y varios sectores que hoy miran esto como un problema ajeno deberían empezar a leer la letra chica.
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Roberto Pagani :
corredor que cobra su 3% al comprador y vendedor un 6% total.... carisimooooooooo mal....