La sostenida caída de contagios de coronavirus a lo largo de las últimas semanas, está permitiendo la reapertura de las fronteras uruguayas y, desde Argentina, muchos miran este proceso con especial interés. Además de quienes ya planean sus vacaciones en el país vecino, crece la cantidad de personas que proyectan más de una quincena en Punta del Este o Cabo Polonio.
Según Rica Consultores, firma especializada en tributación internacional, en los últimos 12 meses 5.000 argentinos solicitaron su residencia legal ante los consulados de la República Oriental, con el objetivo de radicarse “al otro lado del Río”. Esto constituye el paso previo para la configuración de la residencia fiscal.
Con los brazos abiertos (para los inversores)
En diálogo con InfoNegocios, Domínguez explica que estos movimientos migratorios están siendo incentivados desde el Ejecutivo uruguayo: “El presidente Lacalle Pou está tratando de promover que los extranjeros vengan a invertir a Uruguay para generar mayor riqueza y trabajo en nuestro país. Y lo está logrando, aunque las restricciones por el contexto sanitario lo complicaron un poco, y recién ahora se está viendo la llegada de argentinos, peruanos, y personas de otros países”.
En ese sentido, especifica que el líder del Partido Nacional impulsó una modificación que permite que todo aquel que tenga una propiedad de US$ 400.000 -y habite en Uruguay al menos 60 días al año-, pueda recibir su certificado de residencia fiscal.
En consonancia con lo anterior, Domínguez dijo que en su país también existen importantes promociones para el sector inmobiliario, que “seducen” a los dueños de capital. “Lacalle también aprobó beneficios tributarios para promover el trabajo de desarrolladores, así como las viviendas personales”, completa.
El convenio Rioplatense y la “pesadilla” de la doble tributación
A pesar de las facilidades de la administración uruguaya, Domínguez advierte que aunque “un extranjero puede comprar la propiedad y adquirir su residencia, eso no necesariamente significa que la pierda en su país de origen, porque eso depende de cada Estado”.
Según explica Sebastián Mancuso, socio de Impuestos en Grupo GNP, para efectuar la baja de la residencia fiscal en Argentina frente a la AFIP es necesario cumplir con uno de los siguientes requisitos: adquirir la condición migratoria de Residente Permanente en un estado extranjero (la cual se obtiene tramitando la residencia legal en dicho país); o permanecer en forma continuada en el exterior durante un período de 12 meses (se permite hasta 90 días de presencias temporales en el país).
La vigencia de la baja fiscal comienza a partir del primer día del mes inmediato subsiguiente a aquel que se adquiera alguno de los requisitos antes mencionados. En cuanto a dónde acreditar la baja, puede ser en la AFIP o ante el Consulado Argentino en Uruguay, dependiendo si el trámite lo inicia antes o después de ausentarse del territorio argentino.
Contribuye a evitar este problema el convenio “Rioplatense” firmado por ambas naciones en 2011. Este acuerdo de cooperación fiscal permite el intercambio de información entre los dos países, y uno de sus artículos contempla el escenario de la llamada “doble tributación”. En dichos casos, los contribuyentes pueden apelar a la regla de “desempate” (es decir, que se defina un único país al que tengan que hacer sus aportes). En este caso, el aspecto más importante que analizan las instituciones es llamado “centro de intereses vitales”, generalmente vinculado a dónde residen el cónyuge e hijos menores de edad de la persona, y no necesariamente dónde trabaja la persona. En cuanto a los días de permanencia, vendrían en un tercer escalón de relevancia.
El perfil del migrante: ¿Los Argentinos se mudan para “escapar” de la presión fiscal?
Al ser consultado sobre el perfíl de los argentinos que apuestan por encarar una mudanza hacia Uruguay, Domínguez explica que muchos son personas que quieren disfrutar de su retiro, en ciudades tranquilas, como puede ser Punta del Este.
Sin embargo, advierte que hay una creciente solicitud de núcleos familiares enteros que quieren migrar “para hacer su vida aquí y vienen a buscar todo”. Para ellos, el proceso suele ser más largo, por los desafíos de una mudanza internacional con niños, por lo que el trámite suele extenderse entre 3 a 6 meses (esto no incluye las demoras de la baja en AFIP).
Para Domínguez, son pocos los que se ven motivados únicamente por una cuestión netamente tributaria: “Hay algunos casos en los que puede resultar conveniente, sobre todo para aquellos que están jubilados, pero me parece que la cuestión de los impuestos es más una consecuencia que un motivo. Hay otros países cercanos en donde también podrían radicarse por esas razones, y no lo hacen, no veo gente yéndose a vivir a Asunción, por ejemplo. La gente elige Montevideo o Punta del Este porque, en definitiva, es como estar en Argentina; lo de los impuestos es transitorio”.
El especialista concluye: “Muchos vienen a Uruguay por su estabilidad: por seguridad jurídica, una inflación controlada -que se encuentra en el orden del 7% u 8% anual-, un precio del dólar sin muchas variaciones, y la previsibilidad de la recuperación de inversiones. Es atractivo por ser confiable”.
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