Córdoba tiene ley de promoción industrial hace más de 80 años, pero el marco vigente quedó viejo: cuatro normas sancionadas en los años 70 —las leyes 5.319, 10.792, 11.089 y 10.024— conviven hoy generando superposición de marcos normativos, burocracia, incertidumbre y una elevada complejidad a la hora de encuadrar cada proyecto de inversión.
El Gobierno de Martín Llaryora anunció en el Día de la Industria el envío a la Legislatura de un proyecto que las funde en una sola ley: un cuerpo normativo único, ágil y previsible. "No hay otra forma de llevar adelante una política pública de desarrollo productivo de nueva generación si no se realiza en conjunto con el sector privado", planteó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, al presentar el proyecto.
Régimen Simplificado: la puerta de entrada para las PyMEs
Pensado para el grueso del entramado PyME, el Régimen Simplificado eleva el techo de facturación anual a $4.500 millones para poder acceder. La condición es concreta: invertir en activos fijos un monto igual o mayor al 1,20% de la base imponible de Ingresos Brutos del ejercicio anterior. A cambio, la empresa obtiene la exención anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), con un plus operativo importante: el acceso es rápido, mediante un beneficio provisorio automático que evita el trámite tradicional, más lento y burocrático.
Régimen General: tres caminos para invertir en grande
Para proyectos de mayor escala e impacto —de cualquier tamaño de empresa—, el Régimen General exige una inversión igual o mayor al 10% en activos fijos, o montos nominales que varían según la escala empresarial. Dentro de este régimen conviven tres modalidades de inversión:
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Activos Fijos: con escalas adaptadas al tamaño de la empresa, desde micro hasta grandes.
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Industria 4.0: exclusiva para PyMEs que incorporen nuevas tecnologías, inteligencia artificial y procesos innovadores.
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Parques Industriales: para la radicación de nuevas inversiones, enmarcada en la Ley 7.255.
El Gobierno provincial remarcó que las exigencias de inversión en ambos regímenes están fijadas "bajo parámetros lógicos, actualizables y escalonados", es decir, pensadas para ajustarse en el tiempo según el tamaño y el tipo de proyecto.
El esquema de incentivos: hasta 15 años y co-inversión en empleo
El corazón del beneficio pasa por dos velocidades. En su versión base, el Régimen General ofrece diez años de beneficios fiscales, con 100% de exención en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, más un año de subsidio salarial —equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil— por cada trabajador nuevo incorporado.
Ese esquema salta de potencia para dos casos puntuales: proyectos radicados en zonas estratégicas del Noroeste y el Sur provincial, o industrias que inviertan en parques industriales. Ahí el beneficio trepa a 15 años de exenciones impositivas totales (IIBB, Sellos e Inmobiliario) y el subsidio salarial se extiende a dos años por cada puesto nuevo: un combo que el propio Gobierno cuantificó como "+50% de impacto" respecto del esquema base. La lógica declarada detrás de este diseño es la estabilidad de las exenciones otorgadas en el tiempo, combinada con una co-inversión directa del Estado en la creación de empleo privado formal.
Casi dos años de laburo detrás
El proyecto no salió de la nada: la Unión Industrial de Córdoba lo viene trabajando desde hace casi dos años, un proceso que arrancó bajo la presidencia de Luis Macario y con la conducción técnica de Guillermo Requena, director de política tributaria de la entidad. Cámaras sectoriales y regionales aportaron los reclamos que terminaron bajando a texto de ley: menos burocracia, más rapidez para acceder a los beneficios y reglas que acompañen a la empresa en el momento en que decide invertir, no después. "Desde la Unión Industrial recogimos esas necesidades y las trabajamos. Encontramos en el Gobierno provincial la decisión de sentarnos a una misma mesa para buscar soluciones", resumió José Manuali, presidente de la entidad, al presentar el proyecto junto al gobernador.
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