A dos meses y medio de que el Gobierno de José Manuel de la Sota suspendiera la concesión del sistema que obligaba a grabar autopartes de autos y motos –concesión ganada en polémica licitación por Grababus-, la Sala 2 del Foro Contencioso Administrativo todavía no se expidió sobre la medida cautelar que interpuso la compañía.
“Hubo una audiencia de mediación con la fiscalía de la Provincia donde ellos admitieron que se equivocaron en la comunicación pero mantuvieron la suspensión. Nosotros queremos hacer cumplir nuestro derecho adquirido y retomar el contrato; si entre hoy y mañana no hay novedades insistiremos con un pronto despacho sobre la cautelar”, anticipó a InfoNegocios Jorge Sorensen.
Desde la Provincia había trascendido que la decisión de suspender el vínculo se mantendrá hasta después de las elecciones.
“Si no prospera la cautelar vamos a entablar un juicio por daños y perjuicios a la Provincia”, advirtió el dueño de este –al menos- controvertido negocio que permitiría facturar entre $ 100 y $ 150 millones y cuyo canon para el Estado apenas sería del 8%.
Para tener una idea de los montos de esa posible demanda, Sorensen arroja algunas pistas. “Hace cinco meses que pago sueldos, ahora el aguinaldo, a más de 100 familias. Entre salarios, cargas, alquileres y desgaste de materiales el costo operativo ronda el millón de pesos por mes”. La cifra habla a las claras de que una posible demanda sería millonaria.
Este medio intentó comunicarse con el área de Comunicación del Gobierno para conocer la posición al respecto, pero no tuvo respuesta.
Desde la Provincia había trascendido que la decisión de suspender el vínculo se mantendrá hasta después de las elecciones.
“Si no prospera la cautelar vamos a entablar un juicio por daños y perjuicios a la Provincia”, advirtió el dueño de este –al menos- controvertido negocio que permitiría facturar entre $ 100 y $ 150 millones y cuyo canon para el Estado apenas sería del 8%.
Para tener una idea de los montos de esa posible demanda, Sorensen arroja algunas pistas. “Hace cinco meses que pago sueldos, ahora el aguinaldo, a más de 100 familias. Entre salarios, cargas, alquileres y desgaste de materiales el costo operativo ronda el millón de pesos por mes”. La cifra habla a las claras de que una posible demanda sería millonaria.
Este medio intentó comunicarse con el área de Comunicación del Gobierno para conocer la posición al respecto, pero no tuvo respuesta.
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