Ser defaulteadores nos sigue saliendo caro: sólo en intereses se nos va el equivalente al 1,8% del PBI

El Poder Ejecutivo Nacional presentó al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto 2018. Un hecho destacable es que la ejecución del Presupuesto 2017 será la primera desde el año 2004 que cerrará con mínimas diferencias (2,8%) respecto a la proyección original. Es un avance importante respecto a la mala práctica que prevaleció en la década anterior de subestimar partidas para luego administrar ampliaciones presupuestarias con discrecionalidad. Se recupera así un instrumento vital para la transparencia republicana.

Entre las muchas aristas que presenta el proyecto se destaca el de la deuda pública del Estado nacional. Se estima para el año 2017 que ascenderá al 59% del PBI. La mitad es deuda contraída con organismos públicos (Banco Central, ANSES, Banco Nación, etc.) y la otra mitad con agentes privados y organismos internacionales.

En el diagnóstico oficial se argumenta que la deuda en manos de privados y organismos internacionales es baja en relación al pasado y en comparación con la región. Según datos presentados en el propio Presupuesto en el año 2017 la situación sería la siguiente:

• En Chile el stock de deuda pública ascenderá a 25% del PBI y pagará en el año como costo de ese financiamiento un 0,4% del PBI.
• La deuda de Perú equivaldrá al 26% del PBI y los intereses llegarán al 1,2% del PBI.
• En Argentina la deuda –considerando sólo la contraída con privados y organismos internacionales– llegará al 29% del PBI y los intereses serán del 1,8% del PBI.

Estos datos muestran que el nivel de deuda privada y con organismos internacionales de la Argentina es similar al de los países más dinámicos de la región, pero su costo es sustancialmente más alto. Los intereses que paga el Estado nacional en relación al PBI son un 50% más altos que los que afronta Perú y 4,5 veces mayores a los que paga Chile. El principal factor que explica estas diferencias es que el mercado impone tasas de interés muy altas debido a las políticas del pasado de deshonrar deudas pero también por la incertidumbre que existe sobre el futuro. Se toma en cuenta que no se está contrayendo deuda sólo para financiar inversiones, sino para sostener un gasto corriente desbordado que no se logra cubrir con la alta presión impositiva prevaleciente.

Otro aspecto que genera incertidumbre es que el nivel de endeudamiento no es sólo el 29% del PBI en manos de los privados y los organismos internacionales sino el 59% del PBI que incluye la deuda con el Banco Central, la ANSES y el Banco Nación, entre otros organismos del Estado.

En la diferenciación subyace la interpretación de que estos entes públicos no tienen igual nivel de exigencia que el mercado. Se está pasando por alto que tomar prestado recursos del Banco Central se paga con más inflación, de la ANSES se paga con crisis previsional y del Banco Nación se paga con menos financiamiento para la producción. Adicionalmente hay que considerar que, en muchos casos, las provincias, los municipios y las empresas públicas incurren en esta misma lógica de endeudamiento.

El Presupuesto 2018 subestima la magnitud del endeudamiento y el costo que generan las tasas de interés elevadas. Esto es consistente con la promocionada virtud de la gradualidad en el ordenamiento del Estado. Se pasa por alto que la contrapartida del gradualismo es mantener una presión tributaria asfixiante y promover un creciente y oneroso endeudamiento. En esta argumentación se sobreestiman los beneficios del gradualismo (supuestamente evitar los “costos sociales del ajuste”) y se minimizan los costos sociales del desajuste, que son, el cercenamiento de la producción y la creación de empleo por los altos impuestos reinantes y la generación de deuda muy costosa.

La deuda es sana cuando se utiliza para financiar inversiones que contribuyen al desarrollo social y productivo. Pero utilizarla para financiar desajustes tiene asociados elevados riesgos y costos sociales. Por eso, en lugar de seguir exagerando las bondades del gradualismo es fundamental que el Congreso aporte ideas y sostén político a estrategias que contribuyan a acelerar el ordenamiento y la modernización del sector público.