El próximo 8 de mayo se cumple un año exacto desde que el "modelo Márquez" entró en quiebra, dejando de construir y de dar respuestas. Para los damnificados, que se cumplan 12 meses sin un plan de resarcimiento concreto es la prueba de que el tiempo juega a favor de los estafadores y en contra de quienes siguen pagando alquileres mientras ven sus ahorros diluirse.
El "modus operandi": del Grupo Red a la casa propia (que nunca llegó)
Según testimonios recolectados por InfoNegocios, la estructura de Márquez y Asociados no sería un traspié financiero, sino la evolución de una "escuela de la estafa": los protagonistas ya operaban años atrás con el Grupo Red (planes de ahorro para autos y electrodomésticos) bajo la misma lógica: captar ahorros, ilusionar con cuotas accesibles y desviar fondos para gastos personales.
Lo que más indigna a quienes pusieron hasta el último peso es la ostentación de la "segunda generación". María Eugenia Piscitello, una de las damnificadas que lidera el reclamo, es tajante: "Mientras a mí me estafaron el 70% de lo invertido y me dejaron una estructura a pedazos, vemos en redes a los hijos de los directivos exhibiendo carteras de 2.700 dólares, estadías en hoteles de lujo como el Marlene Beachside y emprendimientos nuevos que sospechamos se bancan con nuestra plata".
En el radar de los damnificados también aparecen:
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Propiedades en Villa Catalina: el barrio privado de Río Ceballos donde los Márquez tendrían un "pool" de viviendas a nombre de sociedades alternativas como Márquez 4 Elementos.
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Fiestas VIP: sospechas sobre la organización de eventos masivos (como el Palma Sunset) a través de las esposas de los detenidos.
El tablero judicial hoy
Aunque la cúpula está tras las rejas, el malestar crece por la situación de Lucas Márquez, quien obtuvo la prisión domiciliaria alegando problemas de salud. "Salió de la cárcel casi en silencio; no queremos que el tema duerma", advierten.
La denominada Causa Márquez y Asociados, investigada por el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier en Córdoba, un funcionario público qué solo habla -y a veces- con un solo periodista de un solo medio de la provincia.
Los puntos clave del reclamo del 4 de mayo:
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Celeridad y profundidad: que se investigue a las apoderadas y empleados que firmaron contratos de "reintegro de obrador" totalmente ficticios.
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Reparación económica: los damnificados temen quedar últimos en la pirámide de cobro ante un eventual concurso o quiebra, por detrás de los mismos empleados que fueron cómplices.
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Responsabilidad institucional: apuntan contra organismos como Defensa del Consumidor por no haber dado la alarma a tiempo.
El dato: se estima que el número de afectados podría superar los 27.000, un volumen que dejaría chico cualquier otro fraude inmobiliario en la historia de la provincia. "El silencio los beneficia a ellos; por eso no vamos a bajar los brazos", sentencia Piscitello.
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