El Gobierno de Córdoba presentó oficialmente el Plan de Reducción de Impuestos 2026, una estrategia fiscal integral que disminuirá la carga tributaria provincial en 900 mil millones de pesos –equivalentes a 600 millones de dólares– con el objetivo de dinamizar la economía cordobesa, incentivar inversiones productivas y aliviar la presión impositiva sobre familias, comerciantes y sectores estratégicos.
El presupuesto para el año próximo fue presentado en la Legislatura Provincial por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta.
La normativa, que requiere doble lectura para su aprobación, contempla reducciones y exenciones en los principales tributos provinciales: Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano e Inmobiliario Rural, con especial foco en pequeños contribuyentes, sectores productivos, inversores y actividades clave como educación, salud, industria y agricultura.
Alivio para pequeños comerciantes y estímulo a la inversión
En relación al Impuesto a los Ingresos Brutos, la Provincia aplicará una reducción histórica:
• Baja del 30% de la alícuota para pequeños comerciantes: pasa de 3,5% a 2,5%, beneficiando al 64% del comercio cordobés, quienes facturan hasta 88,1 millones de pesos anuales.
• Ingresos Brutos CERO para empresas que facturen menos de 3.200 millones de pesos y realicen inversiones por, al menos, el 1,2% de sus ingresos, dentro de la nueva Ley de Promoción Industrial.
• Exenciones de hasta 100% a quienes invierten en el Noroeste y Sur-Sur como parte de la Ley de Igualdad Territorial. La Provincia destina a este programa hasta el 5% de la recaudación total del impuesto, con una asignación de hasta 154.000 millones de pesos.
• Continuidad del esquema de Alícuota 0 para inversiones en educación y lanzamiento del Programa Alícuota 0 para el sistema de salud.
• Beneficios adicionales: Alícuota 0 para actividad agrícola, industria promovida, créditos hipotecarios y exenciones para Economía del Conocimiento y Fondo Emprendedor.
En total, las medidas en Ingresos Brutos implican que el Estado provincial deje de recaudar 450.000 millones de pesos, que pasarán directamente al circuito productivo.
Inmobiliario Urbano: sin aumentos reales y fuertes reducciones
El plan establece que ningún contribuyente tendrá aumentos reales en el Impuesto Inmobiliario Urbano. La actualización máxima será del 29%, equivalente a la inflación proyectada y, en la mayoría de los casos, habrá reducciones:
• 41% de los contribuyentes (500.000 personas) tendrá reducciones nominales de hasta 25% respecto de lo que pagaron en 2025. Con moneda actualizada, esa reducción se eleva hasta el 54%.
• 11% de los contribuyentes (150.000 aproximadamente) pagarán nominalmente lo mismo que en 2025. En este caso, tendrán una reducación del 29%.
• 21% de los contribuyentes (250.000 aproximadamente) tendrán una actualización del 29%. En términos reales no tendrán aumento.
• El 27% de los restantes contribuyentes (310.000 aproximadamente) tendrán actualizaciones menores al 29%, por lo que, en términos reales, también pagarán menos que en 2025.
• 175.000 personas e instituciones de Córdoba tendrán una exención del 100% del Impuesto Inmobiliario Urbano.
• Se mantienen beneficios: 30% por contribuyente cumplidor y 10% por pago de contado.
El impacto fiscal de estas medidas representa 200.000 millones de pesos menos de recaudación, que permanecerán en manos de familias y comercios.
Inmobiliario Rural: acuerdo con el sector y beneficios crecientes
El Impuesto Inmobiliario Rural se actualizará según el índice de inflación rural, un mecanismo acordado con todas las entidades agropecuarias. El 98% de lo recaudado se destinará al Fondo de Desarrollo Agropecuario para obras de infraestructura productiva.
Los principales beneficios son: nuevo descuento del 5% propietarios productores con la finalidad de promover que ellos trabajen sus campos; descuento del 30% por contribuyente cumplidor; beneficios por Buenas Prácticas Agropecuarias; descuento por tope del 29%; Alícuota 0 a la mera compra (instituido el año pasado); exenciones a entidades sin fines de lucro; y exenciones por bosques nativos, zonas protegidas y áreas declaradas zonas de desastre agropecuarios.
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