El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) elaboró un detallado informe sobre el costo fiscal y el impacto en término de algunos ingresos habituales que reciben las provincias (Coparticipación y Fondo Federal Solidario), la erogación de un bono de fin de año de $3000 a los empleados públicos de las provincias argentinas.
En conjunto las provincias enfrentarían un costo fiscal equivalente al 31,7% del fondo sojero, o alternativamente al 1,1% de los envíos totales por coparticipación de 2016.
La misma información puede ser evaluada desde un ángulo alternativo, tomando la cifra en pesos por habitante que representaría para cada provincia el pago de un monto extraordinario como el mencionado bono.
En promedio, el hacer frente a este gasto adicional haría que los fiscos provinciales impongan a cada uno de sus habitantes un costo de $150 pesos extra a lo actual, ya sea por la vía de mayores tributos o menores prestaciones a través de reemplazo de otros gastos.
El cordobés promedio, cuyo Estado provincial tiene una de las tasas de empleo público más bajas en comparación con el resto de las provincias (34 empleados provinciales cada mil habitantes), deberá hacer un esfuerzo extra de $103 para que sus empleados públicos obtengan el adicional.
En el otro extremo, un santacruceño promedio resignará beneficios por $388; ya que en su provincia hay aproximadamente 129 servidores públicos cada mil habitantes.
El Iaraf estudió el impacto que tendrá una medida de esta naturaleza en término de algunos ingresos habituales que reciben las provincias, como la Coparticipación y el Fondo Federal Solidario.
Para estimar el costo fiscal se utilizó el último dato oficial disponible y comparable del número de empleados públicos provinciales, correspondiente al año 2014.
Se supone que la cantidad de empleados no ha disminuido en el tiempo transcurrido hasta la actualidad, por lo que la estimación sería, en todo caso, un “piso” de costo fiscal. El cálculo directo arroja un valor de 6.361 millones de pesos para el consolidado provincial.
Como es lógico, la provincia con mayor costo fiscal sería Buenos Aires, al tener un mayor número total de trabajadores en el sector público provincial, con un costo de $1.939 millones.
La jurisdicción que tendría el mayor costo fiscal en relación a los ingresos mencionados es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la erogación necesaria para otorgar un bono representa el 2,1% de la coparticipación y superaría en un 22,2% al monto que recibirá en concepto de FFS durante el año 2016.
En el otro extremo, la provincia de San Luis tiene el menor costo fiscal relativo, dado que la erogación necesaria representaría el 16% del fondo sojero y solamente el 0,5% de la Coparticipación.
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