En general, como sociedad tenemos un estereotipo de delincuente que no concuerda con el de un empresario, un profesional o un funcionario público. Eso, sumado a que un delito económico no es individual ni atenta contra nuestra propiedad (como el robo de la cartera, por ejemplo) hace que no nos sintamos afectados ante estos ilícitos y miremos para otro lado. Por ello, en la mayoría de los casos, las financieras ilegales saltan a la luz solamente cuando algún damnificado hace la denuncia.
“Queremos que eso empiece a cambiar; que la gente vea que el delincuente no es únicamente el motochorro sino también el que anda de traje, en Mercedes Benz y vive en un barrio privado”, explica el fiscal federal y ex titular de PROCELAC, Carlos Gonella y agrega: “El sistema históricamente se ha dedicado a perseguir a personas marginalizadas; en las cárceles más del 90% de los presos son vulnerables socioeconómica y culturalmente”.
Para él esto es así porque resulta mucho más cómodo: es más tranquilizador ir tras el pobre que no puede pagar abogados caros. “Perseguir a un poderoso es más problemático porque tiene dinero, puede comprar voluntades, presionar en los medios y hasta puede hacer denuncias falsas (y hablo por experiencia propia)”, dice.
Eso incide para que el comportamiento del sistema esté orientado selectivamente hacia los sectores marginalizados. Y debe cambiar, cree el fiscal.
La elevación a juicio y posteriores condenas en la causa de CBI significó la primera vez en la historia argentina que se juzgó el delito de intermediación financiera no autorizada, figura que se incorporó recién en 2011 en el Código Penal. Se trata de un delito fácil de probar y se llega a juicio rápido (los juicios de delitos penales económicos llevan en promedio 15 años) ya que si aparecen operaciones y no hay autorización del Banco Central (o la Comisión Nacional de Valores, si el capital son bonos en vez de dinero), ya hay causa.
¿Todas son “cuevas”?
Lo que vulgarmente llamamos “cueva” es el lugar que se especializa en compra y venta de moneda extranjera y maneja (dicen) algunos millones por mes; en los casos en los que se mueve mucho más dinero ya se habla de una financiera ilegal. Serían el caso de CBI, la de Villa Belgrano (o “Banda de los Chetos” para algunos medios), la Mutual de Altos de Chipión y un par más en la provincia.
Las operaciones más comunes de las financieras ilegales son la compra y venta de moneda extranjera, de títulos, préstamos, cambio de cheques (compran cheques, le pagan al proveedor un porcentaje menor y en general lo cobran a través de entidades exentas del impuesto al débito y al crédito), captación de ahorro, cajeros para cobrar servicios, administración de algún tipo de servicio (cobro de expensas, por ejemplo), envío de remesas al extranjero y triangulación dineraria (compran acciones de una sociedad afuera que luego se transfieren a dólares y en vez de depositarlos en una cuenta argentina, se depositan en el exterior).
“El dueño de la plata recibe un título accionario para cobrar en dólares. Después necesita mecanismos para efectivizarlos: puede mover el dinero en el exterior, por ejemplo invirtiendo en inmuebles o tenerlo fijo en una cuenta afuera”, manifiesta Nicolás Macchione, profesor y especialista en crimen organizado, corrupción y terrorismo y miembro de junta directiva CIPCE.
Las financieras permiten una opacidad y una rentabilidad que un banco no, por eso es el lugar ideal para esconder dinero negro. “Carecen de controles del Banco Central, AFIP y UIF (Unidad de Información Financiera) por eso habitualmente mueven plata ilegal, producto de la evasión fiscal, el narcotráfico, la trata de personas o cualquier otro delito”, sostiene el experto.
“En CBI se comprobó con intervenciones telefónicas que narcotraficantes planeaban colocar dinero”, ejemplifica Gonella.
También (dado que en Argentina hay mucha informalidad laboral) algunos empresarios ponen sus fondos en este tipo de entidades con la intención de no tener que pagar en caso de un futuro juicio laboral.
La financiera sirve para multiplicar exponencialmente utilidades; es una forma extraordinaria de generar riqueza (sucia, claro).
¿Puede haber plata “blanca”?
En CBI aproximadamente el 20% del dinero era blanco y correspondía a no más de 70 personas (docentes, jubilados) que hicieron la denuncia para pedir la restitución de los bienes que habían ingresado en la financiera. En la de Villa Belgrano aún no trascendió públicamente ningún damnificado reclamando sentirse estafado.
Estos ahorristas suelen ser gente con malas experiencias previas (por ejemplo, el corralito), atraídas por una buena rentabilidad y la posibilidad de retirar los fondos cuando se desee (mientras que en el banco hay que dejarlos por lo menos 31 días).
¿Quiénes son los grandes jugadores?
A la cabeza están personas con grandes conocimientos jurídicos y contables. También cuentan con un gran capital simbólico social (contactos) y prestigio (para que le entreguen el dinero con confianza).
¿La intermediación financiera no autorizada va de la mano con el lavado de activos y evasión tributaria?
Es muy común, pero no condición sine qua non. “Si tenés un movimiento físico de dinero, donde captás y prestás con intereses, no hay evasión del impuesto al cheque; si tenés como mecanismo de fondeo cheques y los monetizas en el banco a través de una cuenta de una empresa fantasma ahí tenés evasión y también lavado, porque el dinero se blanquea en el sistema financiero, como pasaba en CBI”, cuenta Gonella.
¿Qué rol cumplen las cajas de seguridad en este escenario?
Suelen utilizarse para guardar la plata (o bienes) mal habidos o que se quieren dejar a resguardo del Estado (puede haber desde armas hasta documentos que valen más que el dinero en sí mismo).
Son el gancho. “La gente deja efectivo en la caja de seguridad y cuando la renueva le ofrecen moverla por un interés”, señala Macchione.
Prevención, la clave
El experto señala que hay investigaciones que “demuestran que en los últimos 4 años se hicieron más laxos los controles de los organismos de supervisión del Estado, aunque básicamente es un problema endémico de nuestro país”.
El fiscal agrega que “los bancos, las joyerías y los registros deberían poder identificar cuando tienen operaciones económicamente asimétricas o que no se explican y hacer el reporte de operación sospechosa (ROS) para que la UIF empiece a investigar y que intervenga así la justicia antes de que haya una denuncia anónima o un muerto”, y evalúa que “a Argentina le falta madurar para virar en esa dirección y es un desafío pendiente”.