Finalmente Alberto Fernández ya tiene su Vincentin. Frustrada su estatización por una inédita protesta popular, tuvo ahora el desquite con IMSA, la tradicional metalurgica mendocina. Conforme informa el periódico Página 12, el Estado nacional inyectará un total de 1.362.900.000 de pesos al capital de aquella, por lo que su participación accionaria pasará a ser del 63,7 por ciento, mientras que la provincia de Mendoza aportará 454.300.000 pesos, quedándose así con el 21,2 por ciento de las acciones. El porcentaje restante (15,1 por ciento), permanecerá en manos privadas, correspondiendo un 9,8 por ciento de las acciones a un fideicomiso de acreedores y otro 5,3 por ciento para el fideicomiso de la familia fundadora, los Pescarmona.
El anuncio fue realizado el jueves de la semana pasada por el propio presidente, que visitó la provincia cuyana para la ocasión. Allí se mostró codo a codo con Rodolfo Suarez, el atildado gobernador de la provincia. Lejos de cualquier grieta (Suarez es radical practicante) ambos expresaron la mutua satisfacción por haberse transformado en los principales accionistas de aquella emblemática empresa.
En general, y salvo el duro pataleo del diputado nacional Omar de Marchi -exdemócrata de Mendoza, actualmente en el PRO- a través de Twitter, nadie pareció preocuparse demasiado por esta nacionalización. Lejos de cualquier muestra de indignación, la oposición estuvo lejos de plantar bandera ante un caso llamativamente similar a la frustrada intentona de Vicentin, en donde hubo un claro activismo contestatario. ¿Influyó en tal pasividad el hecho de que Suarez fuera parte de la iniciativa? Es altamente probable, pero esto desnuda que también en los contrincantes del Frente de Todos anida el genoma estatista.
El pretexto para “salvar” a IMPSA de su desaparición es idéntico al invocado, en su momento, en el caso de la cerealera santafesina: la enorme deuda contraída y el riesgo del cese de sus operaciones. Pero, a diferencia de aquel antecedente (básicamente una expropiación), en este caso se recurre a una “capitalización”, es decir, un aporte de dinero para solucionar sus urgencias financieras a cambio de ampliar el capital social y asegurarse la propiedad. Nada de leyes ni molestos debates legislativos; solo hace falta un CBU.
No obstante, desde el punto de vista filosófico es lo mismo. Ladra y mueve la cola. Se expropie una empresa al estilo chavista o se le inyecte capital desde el Estado, el resultado es una compañía comercial con capitales públicos y, probablemente, gerenciada bajo la tutela de los funcionarios de los gobiernos involucrados en la operatoria. Bienvenida IMPSA al parnaso de YPF, Aerolíneas Argentinas, AYSA y demás portentos el estado empresario.
La excusa que se invoca para proceder de esta manera es el carácter “estratégico” de la nueva joya de la abuela. Efectivamente, necio sería negarlo, IMPSA es una compañía señera, que ha participado de enormes obras de infraestructura en la Argentina y en el mundo. Sin embargo, hace mucho que padece una severa situación comercial y financiera por cambios en su entorno de negocios. En este sentido, no se ha explicado porqué el Estado podría triunfar allí donde sus propietarios han fracasado. Lógico es suponer que, con los antecedentes a mano, IMPSA terminará convirtiéndose en una máquina de recibir subsidios de parte del tesoro nacional. Puede apostarse doble sobre sencillo que esto es lo que finalmente ocurrirá. Los contribuyentes deberán prepararse para seguir poniendo plata en este tipo de aventuras empresarias.
Para el público, especialmente para el que advierte que el trabajo estable se va transformando en una utopía en el devenir de la crisis económica, la medida puede que resulte simpática; después de todo, se trata de una compañía que brinda empleo calificado y que maneja alta tecnología. Pero esta es una verdad aparente. Una de las reglas de una economía de mercado es que una empresa que no genera flujo de caja no puede seguir funcionando y que su destino es la quiebra. Es lo que denomina el ciclo de la destrucción creativa del capitalismo. Hay cientos de miles de ejemplos de esta dinámica. Muchas corporaciones otrora emblemáticas tuvieron que cerrar ante entornos a los que no supieron adaptarse. Es muy posible que IMPSA hubiera seguido este camino antes de la “solución” pergeñada por los burócratas de Matías Kulfas, siempre con plata ajena.
Existe además un aspecto ético en el asunto y que va más allá del consenso político existente entre la Nación y la provincia de Mendoza. ¿Quién decide qué industrias pueden ser salvadas de las que merecen ser abandonadas a su suerte? O, para adoptar el lenguaje que seduce al presidente, ¿Cuál es el responsable de atribuirles el carácter de “estratégicas” para justificar el auxilio? La respuesta es intuitiva: el propio gobierno. Así, la filantropía pública selecciona de entre la miríada de empresas con dificultades aquellas que merecen el rescate, a la usanza de los emperadores romanos que salvaban, con el dedo pulgar en alto, la vida de algún gladiador caído en el coliseo cuyo destino, de otra manera, habría estado decidido.
No sería sorprendente que, partiendo de este antecedente, se contasen en lo sucesivo por millares los empresarios que solicitasen alguna forma de capitalización para salir del fondo de la tabla. Todos podrían encontrar alguna que otra razón estratégica para justificar el mangazo. La pandemia todavía promete liquidar cientos de PyMES antes de que la vacunación la envíe al desván de los malos recuerdos, por lo que este clamor podría volverse ensordecedor en los próximos meses. No debería descartarse un escenario en el que el Estado se hiciera con la propiedad de restaurantes, mercerías o agencias de turismo.
Alguien podría contraargumentar que el gobierno está para eso, y que en el ultra capitalismo de los Estados Unidos se encuentran antecedentes homólogos al de IMPSA. En efecto, durante la crisis de las hipotecas subprime en 2008, primero George Bush y luego Barak Obama compraron por miles de millones de dólares acciones de empresas (entre ellas, la General Motors) para salvarlas de la quiebra. Pero las similitudes son solo aparentes. En aquel país, casi todas las empresas cotizan en bolsa y el Departamento del Tesoro no se entrometió ni en su gerencia ni en las decisiones comerciales de las compañías, sosteniendo únicamente su cotización bursátil. Superada la crisis, aquellas acciones se vendieron en el mercado y la Casa Blanca reembolsó, incluso con creces, los dólares oportunamente invertidos.
El caso de IMPSA no solo plantea un dilema ético, sino que arroja sombras sobre el futuro, incluso si la oposición, previsiblemente encarnada por Juntos por el Cambio, llegase a desbancar al kirchnerismo en el próximo turno presidencial. La imagen de Suarez junto a Fernández en el acto de la estatización desnuda que la clase política argentina es mayoritariamente estatista y que no se resigna a separar la esfera del mercado a la del Estado.
Este no es solo un problema del gobernador cuyano, sino de todo el país. Como bien señala Federico Sturzenegger en un artículo publicado en Perfil (sugestivamente titulado “Por qué el kirchnerismo ganará en 2023”), una encuesta del Pew Insitute les preguntó a personas en 44 países que expresen su acuerdo con la siguiente frase: “La mayoría está mejor en una economía de mercado aun cuando algunas personas son ricas y otras pobres”. En la Argentina solo un 33% estuvo de acuerdo con esta afirmación, mientras que un 48% estuvo en desacuerdo. En Vietnam, para comparar, el 96% de la población es promercado, en China un 76% y en Francia un 60%. La Argentina, por lejos, es el país más antimercado de toda la muestra.
Lo peor de esta constatación es que hay muchos antimercado que detestan al kirchnerismo, sin reparar que las soluciones a los problemas que padece el país vendrán de políticas que deberán forzosamente abjurar del estatismo. La percepción de que, al final, el Estado nos salvará de todos los males es el único puente que une a gran parte de la sociedad argentina y, al mismo tiempo, el ancla que lastra el futuro de todos. Hoy es IMPSA, mañana un kiosco, pasado una remisería, es un hecho de que el populismo económico que lleva adelante el gobierno encarna las pulsiones profundas de la sociedad y de buena parte de la clase política que, con pocos distingos, todavía considera que el Estado, aún quebrado como es el argentino, puede llevarnos a algún lado.