El acuerdo que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) prestó el viernes, finalmente, una ampliación del stand-by a $56.300 millones, fue realizado a pesar de haber recibido la titular del organismo, Christine Lagarde, un reporte técnico que advirtió acerca de los múltiples factores que ponen en riesgo a la sustentabilidad de la deuda argentina.
El staff report elaborado por el equipo de Alejandro Cardarelli dejó en claro que la situación financiera del país es delicada debido al crecimiento del stock de deuda tomada en moneda extranjera en los últimos meses, en un contexto desfavorable para los mercado emergentes y frente a una economía local que tendrá un ajuste fiscal y monetario exigente que hará caer a la actividad.
Ante este panorama, el informe que le presentaron a Lagarde en Washington indicó que "la deuda es sostenible, pero no con una probabilidad alta" y detalló en varias páginas cuáles son los potenciales riesgos que ponen en duda la capacidad de repago del Gobierno en los próximos cinco años.
El peso la deuda en dólares. Desde que se aprobó el primer acuerdo, en junio, el ratio Deuda/PBI aumentó 16 puntos porcentuales por la fuerte devaluación y el organismo proyectó que, para fin de año, llegará a 81% del producto. Esto, según lo detallado, "genera vulnerabilidad frente a un shock de tipo de cambio". El informe mostró en una prueba de estrés que, ante una devaluación real del 50%, la deuda pública alcanzaría al 99% del PBI.
"Si el país vuelve a tener un sudden stop (una fuga de capitales) y por lo tanto otra nueva devaluación real, con este nivel de endeudamiento, generaría un cuadro complicado para el sendero de sostenibilidad de la deuda", analizó Federico Furiase, economista de EcoGo.
En detalle, el informe marcó que la porción de deuda denominada en moneda extranjera aumentó de aproximadamente 68% a fines de 2017 a alrededor de 77% a mediados de agosto.
Por otro lado, desde el organismo reconocen un punto a favor, a la hora de evaluar el perfil de deuda argentino: que alrededor del 40% está en manos de otras entidades del sector público y provincias. "Casi dos tercios de esta deuda intra-pública está denominada en dólares estadounidenses, y dentro de esta, la mayoría son Letras Intransferibles de bajo interés mantenidas por el BCRA", sostuvo.
"Esta deuda en manos del sector público es financiable. El desafío será conseguir financiamiento en medio de la incertidumbre electoral de 2019", aclaró Daniel Milia, economista de la UBA.
Déficit fiscal y riesgo país. La contraparte de la confianza que tienen los inversores a una economía es el riesgo país, un indicador que tiende a caer cuando un gobierno muestra solvencia a través de la salud de las cuentas públicas.
En este sentido, el informe señaló el deterioro de la confianza en los papeles argentinos reflejado por un aumento de 800 puntos básicos del spread de bonos soberanos, un factor que tendería a revertirse si se logra la meta de déficit cero en 2019.
El reporte dejó entender que sin este giro de los capitales privados hacia los emergentes podría causar que los fondos previstos para los próximos doce meses no sean suficientes y pone en riesgo la capacidad del Tesoro para renovar vencimientos de deuda con privados asumidos en el programa financiero.
Entre ellos, el programa cuenta con un rollover de al menos un 60% para 2019 de los vencimientos de las Letras del Tesoro (Letes) y otras renovaciones de títulos con privados y organismos bilaterales. "En 2019, si la tasa de rollover se mantiene como los proyectado, el Tesoro enfrentará necesidades financieras brutas con el sector privado de US$ 22.300 millones", precisó el informe.
En cuanto a la situación fiscal, el Fondo aseguró que "es una variable crítica para la estabilización de la deuda". Si la cuenta primaria se mantiene en los niveles de 2018 (déficit de 2,7% del PBI), la deuda tenderá a aplanarse y llegaría a un 79% del PBI para 2023".
El debilitamiento de la economía. Otra de las cuestiones que el informe técnico aconsejó seguir al directorio es la actividad económica en los próximos meses. Según el informe, el ajuste fiscal que se propone a la Argentina está entre el 5% de los más exigentes de una lista que elaboró el FMI. Según economistas un riesgo grave es el impacto de la caída de la actividad sobre una de las variables claves para alcanzar el equilibro fiscal: la recaudación. Esto se enmarcó en el escenario más pesimista que proyectó el FMI de desaceleración: prevé una caída de la actividad de 2,8% este año y de 1,7% en 2019.
Ruidos externos. "Los riesgos del programa puede nacer también de los shocks externos, como movimientos sin anticipar de la política monetaria de Estados Unidos, los conflictos de la potencial guerra comercial, un crecimiento de las tensiones geopolíticas y un deterioro de las condiciones del mercado financiero global", aclaró el staff report.
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