Hace unos días, la senadora del Frente de Todos Juliana Di Tullio presentó un proyecto de ley para que tanto los funcionarios del Poder Ejecutivo, como del Judicial y del Legislativo se sometan a una prueba anual de antidoping. La medida apunta a generar coherencia y compromiso en los espacios políticos. Su iniciativa no es nueva sino que registra antecedentes en varios puntos del país
"La situación que estamos viviendo con el narcotráfico nos obliga como funcionarios a comprometernos en serio. No podemos decir una cosa y hacer otra, el pueblo nos está pidiendo coherencia", manifestó la legisladora.
Esta no es la primera vez que se busca implementar una normativa similar. Días previos a que la senadora del bloque oficialista presentara el proyecto, el concejal Diego Casado (Hacemos por Córdoba) compartió al Consejo Deliberante de la provincia una propuesta que exige que los candidatos a intendentes y concejales presenten un análisis complementario de sustancias estupefacientes.
"La idea es desterrar el uso de la droga en el ámbito de la gestión pública", expresó en una nota al aire para el Canal C Córdoba. El fin de la norma es que "la persona que este al frente de la gestión pública lo haga con responsabilidad y transparencia para cuidar al vecino".
La iniciativa modifica el artículo 50 bis del código electoral municipal y establece que será "responsabilidad de los precandidatos, precandidatas, candidatos titulares y suplentes a cualquier cargo electivo municipal a acreditar el cumplimiento estricto de la presente normativa a través de la presentación (...) de un certificado de exámenes complementarios de diagnóstico con resultado negativo de la presencia de metabolitos de sustancias estupefacientes, expedido por instituciones de salud pública".
Luis Juez, senador nacional por el Frente Cívico ironizó sobre la normativa: "La política está más preocupada si un dirigente es drogón que ladrón, qué me importa lo que te metes en la nariz, a mi lo que me importa es lo que te metes en los bolsillos", manifestó para Radio Pulxo.
El concejal del peronismo no tardó en responder a la chicana. A las pocas horas público en Twitter, "Juez prefiere a un funcionario drogón antes que a un ladrón. Nosotros preferimos funcionarios que no sean ladrones ni drogones y proponemos acciones para que así sea. En boca cerrada no entran moscas, esto es lo contrario."
Antecedentes provinciales
En septiembre de 2016, la legislatura de Tucumán aprobó la Ley.8850, una medida que establece que los funcionarios de los tres poderes deberán realizar los análisis mediante SIPROSA, el sistema provincial de salud. Si la prueba da positiva se tendrá la posibilidad de exigir la contraprueba dentro de los cinco días hábiles mientras que, como medida cautelar, se dispone el desplazamiento del funcionario en ejercicio, quien contará con un periodo de licencia para comenzar el tratamiento de recuperación.
Un año más tarde a la sanción de la ley, los jueces quedaron exentos a la normativa. René Goane y Antonio Gandur, miembros de la Corte Suprema de Justicia dispusieron que no se someterían a los análisis, en respaldo de los principios republicanos que exigen los recaudos necesarios para asegurar la autonomía y la independencia del Poder Judicial frente al resto de los poderes.
En 2018, en el sur, la provincia Tierra del Fuego implementaría medidas similares de control con la promulgacion de la Ley 1233. El decreto que fue firmado por la gobernadora Rosana Bertone alcanza a todos los cargos del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo y a la policía y al servicio penitenciario. El análisis de orina es de carácter obligatorio y debe realizarse una vez por año, el funcionario podrá solicitar la contraprueba dentro de los 10 siguientes al resultado.
Por otra parte, Leonor Martínez Villada, diputada de Coalición Cívica presentó a nivel nacional, en 2019, un proyecto similar, con el objetivo que los representantes puedan acompañar con coherencia las políticas públicas en la lucha contra el narcotráfico y las adicciones.
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