El Gobierno apuesta a dejar de importar gas licuado para el 2021

Como consecuencia de la mejora esperada en la producción de gas natural en Vaca Muerta, el Gobierno espera terminar en 2021 con la importación de Gas Natural Licuado (GNL), un negocio que durante una década insumió unos u$s 1000 millones anuales y representó una de las mayores salidas de dólares por la vía comercial.

De acuerdo con lo que expresaron fuentes oficiales, el invierno de 2020 será el último en el que ingresarán barcos con GNL a los puertos de Bahía Blanca y Escobar, en la provincia de Buenos Aires. Este año, entre el 1 de abril y el 29 de julio, entraron a ambas terminales 40 buques con 2619 millones de metros cúbicos (m3) por u$s 710,5 millones.

Después de años de administrar escasez, el flamante ministro de Energía, Javier Iguacel, ahora se atreve a hablar con empresarios del sector de "administrar la abundancia". Sin embargo, algunos privados son más cautos. En plena definición de cómo avanzar con el ajuste fiscal, el Gobierno decidió no autorizar más ingresos al régimen de precios estímulo para el gas natural producido en formaciones no convencionales, a fin de generar algún ahorro extra en las cuentas públicas. La resolución 46/2018 (curiosamente, con el mismo número con el que el año pasado describía el estímulo para la Cuenca Neuquina) agregó volatilidad e incertidumbre al mercado. Algunas petroleras ya empezaron a desconfiar de la política energética oficial y amenazaron con paralizar las inversiones que prometían para extraer el gas de Vaca Muerta.

La importación de GNL ha sido un tema crucial de la política energética en los últimos diez años. En medio del congelamiento tarifario que dispuso el kirchnerismo para salir de la crisis económica de 2001-2002, el crecimiento de la demanda de gas natural llevó a terminar con la exportación a Chile, suscribir un contrato de importación a 20 años con Bolivia, cortar el gas al sector industrial en el invierno (para ser reemplazado por fuentes más contaminantes, como gasoil y fuel oil) y abonar miles de millones de dólares por año a la compra de gas que viene en barco de destinos lejanos como Qatar, Nigeria y Trinidad y Tobago, con su consecuente daño en la balanza comercial.

Sin ir más lejos, la causa judicial por la importación de gas licuado fue la primera que mandó a la cárcel a Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, y ahora detenido por los cuadernos K. Sin embargo, ante la debilidad de las pruebas presentadas por los peritos, en especial la de David Cohen, Baratta quedó en libertad en marzo pasado.

La llegada al Ministerio de Energía de Juan José Aranguren el 10 de diciembre de 2015 derivó en un cambio en las compras de GNL. Con más empresas en las licitaciones pero, fundamentalmente, gracias a una caída en los precios del petróleo, los valores bajaron. Sin embargo, el ahora ex ministro fue criticado porque su ex empleador, la petrolera angloholandesa Shell, resultó ser el mayor proveedor de gas licuado en 2016 y 2017. A su vez, el trader Trafigura fue el gran ganador este año de las adjudicaciones.