Las empresas que pretendan recortar sus plantillas de trabajadores deberán encarar un proceso administrativo ante las autoridades de la Secretaría de Trabajo previo a concretar despidos de trabajadores, de acuerdo al entendimiento alcanzado hoy por el Gobierno, la CGT y las principales cámaras empresarias en el marco de la reapertura del diálogo social en donde también se pactó el pago de un bono de fin de año de $ 5000.
La obligatoriedad de la instancia administrativa previa a consumar desvinculaciones de personal quedará establecida en el texto de una resolución que el Gobierno publicará en las próximas horas. El esquema apunta a descomprimir la creciente inquietud del sindicalismo por fijar algún mecanismo para frenar los despidos en el marco del escenario de recesión económica.
Si bien desde la CGT se impulsaba la implementación de un medida de prohibición de despidos, finalmente la central obrera avanzó en el diálogo con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y los representantes de la UIA, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y CAME para definir un mecanismo para desalentar en forma indirecta las desvinculaciones mediante la intervención de las autoridades laborales.
De esa manera, y ante la posibilidad de despidos en alguna actividad o empresa, la Secretaría de Trabajo, que comanda Jorge Triaca, abrirá una mesa de diálogo entre el sector empleador y los representantes de los trabajadores en la búsqueda de alcanzar algún acercamiento para evitar que se concreten los recortes de personal. “La idea es tratar de agotar todas las posibilidades de solución previo a que los despidos estén consumados, ya sea vía subsidios para pagar salarios como el Repro u otras alternativas siempre en el marco de una negociación”, explicó a este diario un referente de la primera línea de la CGT que participó del encuentro de hoy con Sica y los empresarios.
Aún no quedó resuelto si el nuevo mecanismo para desalentar los despidos vía una instancia administrativa previa y obligatoria funcionará solo por un período fijo (los gremios habían reclamdo originalmente un pacto antidespidos hasta marzo) o en forma indefinida.
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