La jueza Loretta Preska, del Segundo Distrito Sur de Nueva York, le dio una buena noticia al Gobierno argentino. Ayer definió un cronograma de presentaciones en el caso que enfrenta al fondo Burford Capital (tenedor de las acciones de litigio de Petersen y Eton Park) con el Estado por la estatización de YPF, con lo que postergó por lo menos hasta fines de noviembre la resolución del juicio.
Preska, que ocupó su lugar tras el retiro de Thomas Griesa, fijó hasta el 30 de agosto el tiempo para que la Procuración del Tesoro presente argumentos firmes y respalde su moción de excepción de incompetencia. En otros términos, rechazó formalmente la pretensión de Burford de obtener un summary judgement (es decir, un fallo sin más producción de prueba) y declaró que la cuestión de la competencia -qué jurisdicción corresponde- no está concluida, pese a lo que definió la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos semanas atrás, que habilitó a que el juicio continuara su curso en ese territorio.
La jueza demoró el comienzo del juicio (y, por consiguiente, el pedido de discovery, para que todos puedan conocer quiénes están detrás del reclamo de Burford) hasta que se sustancie esta excepción previa, según explicaron fuentes oficiales.
Los demandantes podrán presentar sus argumentos hasta el 30 de octubre, mientras que el Estado podrá responderlos hasta el 29 de noviembre. En estos términos, la definición del juicio no sería antes de que comience 2020, con lo que ya estaría en marcha el segundo Gobierno de Macri o la administración de otro Presidente.
En el Gobierno reinaba la incredulidad por el guiño que les otorgó Preska. La demanda de Petersen podría costarle al Estado hasta u$s 3000 millones, y después se sumará la de Eton Park.
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