Los hechos sucedieron en cadena. Fueron tres. Vamos de a uno. La semana pasada, después de que un sector de Cambiemos, encabezado por Federico Pinedo, le garantizó a Carrió que había consensuado su nombramiento en Diputados como presidenta de la Comisión de seguimiento del ministerio Público fiscal, es decir, de todos los fiscales federales, los tres bloques peronistas se juntaron y rechazaron su nominación. Esto es: los K, los massitas y los que se referencian en los gobernadores. Además, los miembros de Cambiemos que no pertenecen a la Coalición Cívica no movieron un dedo para evitar el pulgar abajo. "Exponerla de manera pública, y en su presencia, a un rechazo de semejante magnitud, fue una jugada sucia. Era suficiente con no ofrecerle el cargo, que, por otra parte, Lilita, no pidió", me dijo una legisladora muy cercana a Carrió.
Segundo hecho: las infelices declaraciones del ministro Germán Garavano, planteando la idea de que "no se vería bien" un ex presidente preso. Para quienes trabajan cerca de Carrió y conocen su pensamiento íntimo, fue la gota que rebalsó el vaso. Porque fueron opiniones vertidas a horas de la absolución de Carlos Menem después de 23 años. Porque es verdad que un ministro de Justicia no puede avanzar sobre las decisiones de los jueces. Y porque fueron leídas, dentro y fuera del círculo rojo, como un guiño a Cristina Kirchner. Es decir: como una garantía de impunidad para que la ex jefa de Estado se presente como candidata sin temor a perder su libertad, a pesar de las gravísimas acusaciones en su contra.
Tercer hecho: el desplazamiento de la AFIP de Horacio Castagnola y Jaime Mecicovsky, dos de los funcionarios que más investigaron a Néstor Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, y que ahora habían aportado a la justicia pruebas de una presunta coima de 5 millones de dólares pagada por IECSA, de Angelo Calcaterra, con el fin de aceitar el proyecto del soterramiento del Sarmiento. Carrió cree que parte de la justicia federal, incluidos algunos jueces de la Cámara de Casación, están cooptados por Daniel Angelici. También considera que parte de la cúpula de la AFIP está cooptada por los mismos funcionarios de planta que respondieron, y seguirían respondiendo, a Ricardo Echegaray. Y eso no es todo.
La diputada nacional por la Coalición Cívica está empezando a sospechar que hay también dentro de un ala del gobierno de Cambiemos, quienes protegen a Hugo Moyano y al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli. En el caso de Scioli, parece que Carrió ha terminado de comprobar que el fiscal Alvaro Garganta habría pergeñando una compleja estrategia para hacer que investiga a fondo, pero de mentirita: dividir la megacausa en seis o siete partes, quejarse de las chicanas jurídicas que le oponen los sospechados, como el propio Scioli y su ex jefe de gabinete Alberto Pérez y patear la pelota afuera, sin aportar demasiados elementos firmes para una eventual condena.
En el caso Moyano, los investigadores de la Coalición, pero también fuentes cercanas a la diputada nacional Graciela Ocaña, se preguntan como el Presidente critica en público al líder de los camioneros, y por el otro la superintendencia de Salud sigue sin intervenir, mandar veedores o denunciar ante los jueces, la virtual quiebra de la Obra Social de Camioneros, al mismo tiempo que Liliana Zulet, esposa del sindicalista, absorbe sus fondos de naturaleza pública, y los usa para comprar inmuebles, automóviles, o directamente empresas. En el fondo, sostienen fuentes cercanas de la jefa la de Coalición Cívica, el clan Moyano no hace nada diferente a lo que hicieron Cristóbal López y Fabián De Sousa con el grupo Indalo, cuando se apropiaron del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) y con esa enorme masa de dinero compraron empresas, bancos, medios de comunicación, como C5N y productoras, como Ideas del Sur.
La propia Ocaña ya lo había dejado en claro cuando presentó su primera denuncia ante la justicia penal, un expediente que todavía tramita Claudio Bonadío: el guitaducto de Moyano va desde los fondos de pago obligatorio de la obra social hacia IARAI SA, la gerenciadora de salud de la que es dueña Liliana Zulet. Casi en simultáneo, Zulet usa los fondos de IARAI para capitalizar e invertir en otras sociedades del clan, como la constructora Aconra, la textil e informática Dixei y la empresa de seguridad y vigilancia Las Marías. Pero la ambición de Moyano y Zulet no tiene límites. Y así como disponen de los fondos públicos de la obra social y de la cuota sindical y mutual de los trabajadores Camioneros, también se apropiaron del dinero de los socios Independiente, club de fútbol al que defraudaron a través de una asociación ilícita, integrada, entre otros, por Pablo Bebote Alvarez y el ex vicepresidente Noray Nakis. La comparación entre los delitos cometidos por Cristóbal y los presuntos delitos que están cometiendo los miembros del clan Moyano atravesará la nueva grieta de Cambiemos en pocos días más.
Pero después de semejante panorama ¿Lilita dará el portazo? La de mínima es que no. Que todo quedará en un nuevo amague para ordenar un poco la interna. Y la de máxima es que retirará su gente de confianza de todos los lugares del gobierno pero no se irá de Cambiemos, sino que competirá, desde adentro, en las próximas elecciones de octubre del año que viene.
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