Anses envió intimaciones a unos doscientos veinte fiscales, jueces y camaristas federales de todo el país que tengan trámite jubilatorio iniciado y se mantengan en funciones, para que renuncien a sus cargos en los próximos 30 días, o retiren las carpetas. De lo contrario, sus expedientes previsionales serían dados de baja, aunque podrían retomarlos cuando decidan jubilarse.
En los Tribunales Federales de Córdoba, muchos de los magistrados mayores de 60 años que ya empezaron los trámites jubilatorios, pero siguen en actividad, se enteraron de la resolución firmada por la titular de Anses, Fernanda Raverta, por una llamada del diario Alfil. Ninguno había recibido todavía la notificación oficial.
La medida pone en vigencia el nuevo régimen jubilatorio de los jueces aprobado en marzo del año pasado, que redujo algunos de los privilegios del sector. El nuevo régimen mantuvo el pago del 82% pero lo hace sobre el cálculo de los últimos 120 sueldos, aumentó los aportes del 11 al 18% e incrementó de 60 a 65 años la edad jubilatoria, en forma progresiva. Frente a la posibilidad de perder ingresos, muchos jueces iniciaron los trámites para retirarse con la antigua ley, pero los dejaron en stand by.
En lo administrativo, la Anses apunta a que los magistrados tengan el mismo tratamiento que los empleados del Poder Judicial de la Nación, que se van cuando presentan el trámite jubilatorio. “Son las reglas de juego”, señaló un magistrado cordobés.
En el edificio tribunalicio de Rogelio Martínez, hay varios magistrados que quedaron bajo la disposición de la Anses. Serían el presidente de la Cámara Federal, Ignacio Vélez Funes, el camarista Luis Rueda, el titular del Juzgado Federal N°2, Alejandro Sánchez Freytes, el integrante del Tribunal Oral Federal N°1, Jaime Diaz Gavier, el juez Carlos Lascano, del Tribunal Oral N°2 y el juez de 1° instancia de Villa María, Roque Ramón Rebak. Consultados algunos de ellos sobre sus pasos a futuro, aseguraron que tendría que leer a fondo la Resolución Prev 11-46 antes de tomar una decisión.
Además de los mencionados, están los casos del fiscal ante la Cámara Federal, Alberto Losada, quien recientemente fue convocado por el procurador interino Eduardo Casal para que siga en su cargo, luego de haber renunciado para jubilarse, y el titular del Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral, Ricardo Bustos Fierro, que ya superó largamente el límite del retiro, los 75 años, pero desde 2018 tiene acuerdo del Senado para continuar en el cargo.
El instrumento en cuestión afirma que “en los trámites que se hubieran iniciado a magistrados, en el marco de las normas procedimentales antes vigentes, en los cuales se hubiera supeditado el pago del beneficio al cese, se emplazará al titular para que dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos acompañe la presentación de la renuncia". Y agrega; "De no acreditarse la presentación de la renuncia se procederá a la revisión integral de las actuaciones, en uso de las facultades conferidas a esta Administración por el artículo 36 de la Ley Nº 24.241, pudiendo ocurrir que: 1.1. No se encontraren observaciones, por lo cual se procederá al archivo de las mismas".
En lo político, la decisión del organismo previsional que es una marcada de límites a jueces que inician el expediente y lo dejan en suspenso, manejando sus tiempos del retiro, en una maniobra especulativa que ningún otro trabajador tiene a su alcance. Pero la decisión también apunta a una “purga etaria” que podría llevarse a magistrados sindicados como integrantes de la “mesa judicial” que funcionó durante el gobierno de Mauricio Macri para cercar o perseguir a opositores. Para la oposición al gobierno nacional, se trata de una maniobra de La Cámpora, organismo al que pertenece Raverta, en contra de la Justicia. Elisa Carrió, una de las dirigentes de Junto para el Cambio que asumió la existencia de la “mesa judicial”, le pidió ayer a los jueces que “resistan”,
De los Tribunales de Comodoro Py, quedaron en la cuerda floja Leopoldo Bruglia, de la Cámara Federal de Comodoro Py, que había sido designado en ese cargo por nombramiento de Macri sin concurso, el procesado fiscal Carlos Stornelli, quien siendo uno de los investigados por el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por el espionaje ilegal durante el macrismo, investigará en Comodoro Py la causa contra la AFI macrista. También tendrán que definirse el camarista Martín Irurzun, entre otros, o la jueza de la Corte Suprema, Elena Higthon de Nolasco. Hay muchos más “celebrities” judiciales entre los 220 afectados.
En cualquier caso, se esperan reacciones desde la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, y una lluvia de amparos.
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