Ayer comenzó a regir de manera efectiva en toda la provincia la ley 10.702 que sanciona a los cordobeses que no cumplan con las disposiciones vigentes dispuestas en el marco de la emergencia por la pandemia.
Con multas que van entre los $ 5.000 y los $ 500.000 para quienes transgredan protocolos de seguridad o sanitarios, la normativa sancionada hace diez días debutó con polémica.
Las críticas políticas que ya se escucharon por parte de un sector de la oposición cuando se trató en el recinto de la Legislatura, apuntan al fin recaudatorio de la norma y a la doble sanción de faltas que ya estarían contempladas en el Código Penal.
Hay quienes consideran abusivo que el Gobierno de Córdoba salga a penalizar económicamente a los ciudadanos en medio de crisis, y no pocos coinciden que será muy difícil que todos los ciudadanos sancionados puedan pagar las multas.
Mientras que desde Hacemos por Córdoba justifican la iniciativa en el hecho de contar con una herramienta más para frenar la ola de contagios acrecentada, dicen, partir de conductas individuales irresponsables.
El ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, fue claro en ese sentido: “Este fin de semana hemos tenido severos incumplimientos en Córdoba, Las Varillas, Río Cuarto, Adelia María, Tulumba y Huinca Renancó. No me corresponde abrir juicios morales sino cortar con esta cadena de contagios y creemos que esto puede ser una estrategia que ha dado resultado en otras partes del mundo para morigerar esta suba que estamos teniendo”, dijo ayer en diálogo con Cadena 3.
Lo cierto es que ayer, algunas comunas y municipios del interior comenzaron a adherir a la 10.702 mientras se espera que,un aluvión de gobiernos locales lo haga en los próximos días.
Más allá de las cuestiones meramente operativas y de articulación para la ejecución de la ley entre la Provincia y las comunas, desde El Panal buscan mostrar también el fuerte respaldo político que cosechó la iniciativa impulsada por el Ejecutivo cordobés.
De hecho, las adhesiones y su aplicación, fue conversado en la última reunión de la Mesa Provincia-Municipios entre los funcionarios y los intendentes que participaron.
Como autoridad de aplicación, el ministerio de Salud que conduce Diego Cardozoserá el que deba acordar con las autoridades municipales la afectación de recursos humanos para el cumplimiento de la ley. Además, con la colaboración de la cartera de Seguridad se deberá capacitar a las personas que trabajarán en esos operativos.
Cabe aclarar que, si bien los recursos obtenidos a través de las multas se destinarán al Fondo para la Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas, aquellos municipios que adhieran se quedarán con el 30 por ciento de lo recaudado. En principio, según lo estipula la letra chica de la normativa esos fondos serán para compensar justamente los recursos municipales que deberán ser destinados especialmente a los controles.
La localidad de Mendiolaza fue ayer la primera en adherir, mientras que municipios como el de La Cumbre, Carlos Paz, Río Tercero, Río Cuarto, San Francisco, Villa María, entre otros,harán lo propio en los próximos días.
En cambio, otros municipios, principalmente radicales, se quejaron ayer ante funcionarios de la provincia por no conocer en detalles cómo se aplicará la ley en las jurisdicciones del interior por lo que aguardaban precisiones para resolver luego su adhesión.
En el caso de Capital, según aclararon desde la Municipalidad de Córdoba, no hace falta suscribir a la ley provincial porque en la ciudad se sancionó hace dos meses el artículo 81 bis del Código de Convivencia que contempla sanciones de las medidas sanitarias establecidas por el protocolo del COE.
El costo de incumplir
La Provincia informó ayer que la nueva ley sanciona incumplimientos de medidas de protección personal (multas de entre $ 5.000 y $ 10.000); de medidas de prevención para actividades económicas, deportivas, artísticas y sociales ($ 5.000 a $ 50.000); de medidas de prevención en relación a reuniones familiares o de cualquier tipo ($ 10.000 a $ 100.000); de disposiciones y medidas para el ingreso, tránsito y permanencia en territorio provincial ($ 50.000 a $ 500.000); y de cuarentena, aislamiento sanitario estricto y cualquier otra indicación epidemiológica ($ 20.000 a $ 200.000).
Además, la ley también incluye descuentos del 50% en las multas cuando el infractor pague en forma voluntaria; y contempla una morigeración de las sanciones para quienes aporten “información, datos o requerimientos relevantes” a las autoridades y que sean de utilidad para la investigación epidemiológica. Así como en casos de reincidencia, el importe de las multas se duplicará.
Comisión
Por otro lado, la ley 10.702 crea una comisión de seguimiento que estará integrada por el presidente provisorio de la Legislatura, tres legisladores del bloque mayoritario, dos legisladores del bloque de la primera minoría, un legislador del bloque de la segunda minoría, un legislador por los bloques restantes, un miembro del COE, uno del Ministerio de Salud y uno del Ministerio de Seguridad.
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