El tema está instalado en la agenda de la política, pero no termina de cuajar porque la pelota pasa de peronistas a radicales y viceversa.
El interés por modificar la ley que prohíbe a los intendentes de localidades sin carta orgánica permanecer en el poder por más de dos periodos consecutivos, es transversal a todos los partidos políticos. De eso no hay dudas. Que los PJ, UCR y vecinalistas alcanzados, la quieren modificar, tampoco.
Sin embargo, le dan vueltas y vueltas al asunto sin encontrar todavía una forma solapada de borrar con el codo lo que apenas hace cinco años la dirigencia política cordobesa (a instancias del schiarettismo) escribió con la mano en nombre de mejorar la calidad institucional de la provincia.
Lo cierto es que, hasta acá, fue el ámbito de la Mesa Provincia- Municipios donde se dieron las conversaciones informales entre los presidentes de los distintos bloques políticos de intendentes y el oficialismo provincial.
De los últimos encuentros, se acordaron dos puntos: el primero, hacer foco en la retroactividad de la norma sancionada en el 2016 sin que eso suponga habilitar las reelecciones de manera indefinida en Córdoba.
Los alcaldes entendieron que, ese argumento suavizaría la crítica de los cordobeses frente a un cambio de reglas que, claramente, no está entre las prioridades de la ciudadanía.
El segundo aspecto consensuado tiene que ver con la instrumentación y en cómo avanzar con el pedido de revisión que, naturalmente, luego deberá pasar al ámbito legislativo.
En ese punto, tal como adelantó Alfil, los intendentes de los distintos Foros convinieron hacer un relevamiento por departamento para saber efectivamente cuántas voluntades a favor y en contra hay y, de esa manera, presentar un pedido conjunto camuflando las identidades partidarias.
En esa quedaron los titulares de los bloques con el oficialismo en la última reunión que mantuvieron con el ministro de Gobierno, Facundo Torres, en el marco de la Mesa que, en realidad, se convoca siempre con otros temas en la agenda oficial.
Sin embargo, luego se conoció un posicionamiento público de los legisladores de la UCR quienes avisaron que no acompañarán ningún proyecto para cambiar la ley actual referida a la re re. Así lo ratificó días atrás en el programa ALFIL TV el presidente de la bancada, Juan Jure, no sin menos críticas al oficialismo. El riocuartense cree que, en realidad, se trata de una nueva maniobra política de Hacemos por Córdoba para generar cortocircuitos internos. De hecho, ya los hubo.
Lo cierto es que la posición de los parlamentarios y las declaraciones públicas de algunos intendentes radicales que, por lo bajo, se habían manifestado a favor de avanzar con la reforma, generaron malestar en el peronismo.
Trascendió que la decisión del ministerio de Gobierno, por ahora, será dejar todo en stand by y no mostrar apuro en que la nueva norma salga. Hasta aquí, no hubo instrucciones bajadas desde Ejecutivo para acelerar plazos ni mucho menos para que sea Hacemos por Córdoba quien asuma la responsabilidad de impulsar el tema desde la Mesa.
La estrategia del oficialismo provincial es que el pedido sea motorizado por los intendentes radicales, más aún si los que lo terminarán aprobando serán los peronistas.
Por lo pronto, no hay fecha para una nueva reunión con los presidentes de los foros y habrá que esperar para ver qué sector mueve la próxima ficha. Una alternativa que ya suena es que los alcaldes salten la instancia de la Mesa y hagan el pedido directamente en la Legislatura.
De cualquier modo, nadie en el peronismo duda que la modificación para que casi 150 de sus hombres y mujeres que están hoy al frente de gobiernos locales puedan intentar un mandato más en el 2023, terminará saliendo. Ahí apuntan el especial interés que tienen varios de los históricos caciques departamentales que hoy ocupan una banca en la Legislatura y que también se verían impedidos de repetir ya que la legislación actual alcanza a legisladores, concejales y tribunos de cuenta.
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