La semana pasada, el jefe de gabinete de Alberto Fernández blanqueó que no existen restricciones para que las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan comprar vacunas contra el coronavirus. Hasta ese momento todos consideraban que el gobierno nacional tenía un monopolio de iure para estas adquisiciones. Santiago Cafiero dijo que no hay nada en la legislación aplicable que impida que otras jurisdicciones, y aun los privados, puedan hacerlo.
¿Giro del Frente de Todos hacia el liberalismo sanitario? Nada de eso. En realidad, Cafiero invitó a los gobernadores a subir por una suerte de palo enjabonado: por más esfuerzos que hagan, no lograrán gran cosa. Las vacunas son, por estos días, bienes escasos, tremendamente escasos. La demanda supera ampliamente la oferta disponible. Difícilmente aquellos puedan tener éxito allí donde la Nación ha fracasado.
Podría especularse conque el jefe de gabinete es un sádico y que le gusta jugar con las expectativas públicas a sabiendas de que no podrán ser satisfechas, al menos por la vía que acaba de señalar. No obstante, y sin descartarlo del todo, debe decirse que, más que una perversión, lo que se esconde detrás de este plácet es puro y liso cálculo político. Simplemente, el gobierno nacional quiere coparticipar el fracaso de su programa de compras de fármacos. Acaba de tirarle anchoas a los sedientos con la esperanza de socializar la frustración general por la cansina campaña de vacunación que se está llevando adelante.
Es simple adivinar lo que se esconde detrás de esta aparente munificencia pero, a pesar de las lógicas prevenciones que despierta, algunos gobernadores parecen haber aceptado el desafío y poner el traste a la jeringa, una hipérbole decididamente aplicable a estas circunstancias. Juan Schiaretti, por caso, acaba de proponerle a sus pares de Santa Fe y Entre Ríos (colegas de la renqueante Región Centro) que lleven adelante un proceso de adquisiciones conjuntas para reducir precios y obtener mayores cantidades. En cometidos parecidos se encontraría el mendocino Rodolfo Suárez, cada vez más alejado de la Casa Rosada.
Debe recordarse que el cordobés ya había anunciado que saldría de compras en su mensaje anual ante la Unicameral tan pronto se autorizase a las provincias a hacerlo en forma directa. Ante el escepticismo de la oposición local frente a tal promesa, sus espadas hicieron saber que aquella voluntad política se encontraba avalada por gestiones concretas con los laboratorios Pfizer, Astra Zeneca y Elea de las que no se dieron, por entonces, mayores precisiones. Si realmente existieron, es un buen momento para sacarlas a la luz.
Previsiblemente, también Horacio Rodríguez Larreta se ha puesto en la fila de los interesados por hacerse de algún lote de vacunas aunque, en su caso, el interés tiene nombres y apellidos concretos: Pfizer y Moderna, tal vez Johnson & Johnson. Si, en este rubro, le es dable diferenciarse de Fernández, pues lo hará con primeras marcas.
Al menos en teoría, el ecosistema PRO se encuentra en una situación cualitativamente mejor que el kirchnerismo gobernante para negociar con los grandes laboratorios estadounidenses. Mauricio Macri, en su condición de expresidente, y el propio Rodríguez Larreta tienen predilección por el lejano vecino del norte, así como también por Europa Occidental. Sus contactos en aquellas latitudes son fluidos y estos, al igual que ellos mismos, no alcanzan a comprender de como Cristina Kirchner se encuentra nuevamente en el poder. Definitivamente, conseguir las Pfizer o las de Moderna sería un golazo que iría hasta el fondo de las redes de la Casa Rosada.
El problema, sin embargo, no es la voluntad de las partes. Hay cuestiones mucho menos simbólicas que deben alinearse primero. Una de ellas es si la producción de aquellos laboratorios podría contemplar una venta “política” hacia la Argentina; la segunda, es si aceptarían hacerlo toda vez que existe una ley nacional que no los satisface, tal como lo han hecho saber a la ministra Carla Vizzotti. ¿Bastaría una ley de la legislatura porteña para aventar estos temores? Y, si así fuera, ¿tomaría el jefe de gobierno el riesgo de meterse en un debate lleno de aristas patrioteras, como lo es el tema de los activos soberanos o las cuestiones de negligencia de los proveedores?
Tal vez esto es lo que busque Rodríguez Larreta; precisamente un gran debate. No tiene problemas de números en el cuerpo deliberativo, por lo que sería su oportunidad de decirle al resto del país que él es capaz de llegar allí donde el presidente no pudo, una típica postura de candidato. Claro que no le resultará fácil: a menos que tenga un as bajo la manga del que no se tiene noticias, las dificultades para adquirir vacunas estadounidenses están a la vista de todos y no parecen fáciles de solucionar.
Por otra parte, es seguro que, después de tirar el hueso, la Nación saque a relucir más dosis que nunca gracias al arribo de las de Oxford AstraZeneca hacia finales de mes. Hay un total de 22 millones comprometidas, una cantidad que permitirá inocular a buena parte de la población. En la amarga (y hasta cierto punto, imposible) competencia que se les ha planteado a los gobernadores, el ancho de espadas se encuentra siempre en la baraja de Fernández.
No es insensato suponer que, así las cosas, en 60 días el lenguaraz de Cafiero salga a enrostrar a los mandatarios de tierra adentro que el presidente obtuvo millones allí donde ellos no consiguieron ninguna, a pesar de toda su jactancia voluntarista. Esto por cierto sería cínico, desagradable, pero es perfectamente posible que ocurra. El oficialismo necesita mejorar sus posiciones de cara a las próximas legislativas y se encuentra en dificultades para mostrar algún acierto en una gestión que ya ha superado el año y medio. El disponer de muchas vacunas durante buena parte del proceso electoral supondría algo concreto de lo cual ufanarse frente a electorado visiblemente desencantado.
En definitiva, los próximos quince días serán cruciales. Si las provincias o la ciudad de Buenos Aires logran hacerse de algunas dosis, especialmente de las estadounidenses, el panorama podría dar un vuelco e interpelar gravemente a la administración nacional. Lo contrario significaría la certificación del discurso oficialista, esto es, que no hay más vacunas porque no hay proveedores dispuestas a venderlas. Es natural cierto escepticismo sobre la primera posibilidad, avalado por la inesperada (y desconocida) liberalidad de Cafiero. Sin embargo, la política suele moverse fuerte cuando aparece algo inesperado, con la potencialidad de cambiarlo todo. No vaya a ser cosa que, de tanto federalizar la escasez, no aparezca algún tapado dispuesto a inmunizar sus comprovincianos con dosis propias y con independencia de lo que haga Fernández.
Tu opinión enriquece este artículo: