El Gobierno apunta a mostrar que no hay fisuras internas de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional por la presión del kirchnerismo de estirar los plazos para un acuerdo, algo que el organismo descartó al aclarar que las reglas son iguales para todos los países. El presidente Alberto Fernández cerró filas con la vicepresidenta Cristina Fernández: "No existe una contradicción. Hay un deseo muy claro de dividirnos y hacernos aparecer en posiciones contrapuestas".
También el ministro de Economía, Martín Guzmán, a su regreso de Washington DC, donde cosechó definiciones técnicas para un negociar programa con el FMI, se reunió con el diputado nacional Máximo Kirchner en el Congreso durante la sesión por Ganancias. Kirchner promueve un acuerdo con la oposición para extender los plazos de pago del acuerdo hasta 20 años. Guzmán anticipó -incluso antes de la negativa del FMI- que eso requiere modificar estatutos. El único pedido formal que hizo el ministro ante el G-20 fue por la baja de tasas para los acuerdos excepcionales como el Stand-By de Argentina.
Según Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, un acuerdo entre "presidenciables" es "razonable". Sobre ese tema hablaron con Guzmán durante la visita al Congreso el sábado por la noche, aseguró Massa en el programa Hagan Algo de C5N.
"La deuda que heredamos es impagable y lo que estamos viendo es cómo negociar con el Fondo para obtener las mayores ventajas. En eso Martín (Guzmán) está trabajando mucho y muy bien", dijo el mandatario en radio Del Plata. El viaje del ministro no dejó definiciones de los tiempos para un acuerdo ni los plazos.
Fernández hizo hincapié en que Argentina debe pagar al FMI u$s 3500 millones este año, u$s 18.000 millones en 2022 y u$s 19.000 millones en 2023. "¿Qué posibilidad tenemos nosotros de pagar 18000 millones el año que viene? Ninguna. Ya nos cuesta mucho pensar en pagar 3500 millones este año, más otros 2500 millones al Club de París", advirtió.
Para eso Guzmán negocia un plazo de gracia que podría rondar los tres o cuatro años. Eso es distinto a llevar el programa a una duración de 20 años como propone el kirchnerismo bajo la idea de que "el FMI incumplió su estatuto porque financió con el programa la salida de capitales", algo que está prohibido según las normas del organismo. El razonamiento indica que "si violaron sus reglas una vez, pueden hacer una concesión" y extender el programa.
Otro de los frentes que abrió el Gobierno fue la presentación de una denuncia penal contra los funcionarios del Macrismo por los u$s 44.500 millones que otorgó el FMI y apuntó a la responsabilidad del organismo, elementos de presión para "obtener las mayores ventajas".
"El tema no es no pagar sino que podamos obtener un acuerdo que nos permita sostener el plan económico que tenemos, de desarrollo y crecimiento y sin olvidar a ese 40% de la población que está por debajo de la pobreza", aclaró Fernández el fin de semana en declaraciones a C5N.
PATRICIA VALLI - Subeditora de Economía y Política
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