A partir de hoy, y hasta el 31 de mayo inclusive, comienzan a regir los valores actualizados de la Ley de Impuestos Internos en su derivación de "Vehículos Automóviles y Motores, Embarcaciones de Recreo o Deportes y Aeronaves", también llamado impuesto al lujo.
Cada tres meses, la AFIP publica nuevos valores que funcionan de "base" para las dos escalas que actualmente existen en la Argentina. La primera, es del 20% y afecta a los modelos que cuesten más de $ 4.905.632, teniendo en cuenta el precio salido de fábrica, lo que equivale a unos $ 7 millones de venta al público, ya que se incorporan otros impuestos, como el IVA, y la comisión del concesionario, que suele ser del 14%. Sobre ese monto se aplica el 20%.
La segunda escala, que es del 35%, afecta a los modelos que tienen un precio salido de fábrica de $ 9.056.552, aunque se traduce a unos $ 13 millones, si se le suman el resto de los impuestos.
Por la forma en la que se calculan los impuestos internos, según Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), la aplicación del 20% del impuesto al lujo se transforma en una suba del 25% en el precio que paga el comprador en el concesionario, mientras que, en el caso de la segunda escala, del 35%, el modelo se encarece un 50%.
"El mal llamado impuesto a la riqueza fue creado para afectar a vehículos con valores muy distintos a los actuales. Hoy en día, los montos sobre los cuales se calculan estas escalas son todos autos de gama media y tienen una incidencia muy fuerte en el precio, por lo que se termina alejando el producto de los clientes", expuso Lamas.
Entre los más de 170 vehículos alcanzados por el tributo, se destaca la presencia de modelos que pertenecen a segmentos de gama media en otros países. Algunos modelos que componen la lista son: Volkswagen Nivus, Polo (GTS), Virtus (GTS) y Golf (con valores que superan los $7 millones); Chevrolet Tracker, que ahora se fabrica en el país, y cuya versión Premier cuesta $ 8.329.900.
También resultan afectadas el Nissan Sentra, la Ford Territory, que tiene un precio que va desde los $ 10 hasta los $ 14 millones.
Asimismo, explicó que se trata de un tributo con montos un tanto "mentirosos" ya que al haber muy poco stock de autos cero kilómetros en el país, no se respetan los precios sugeridos en las listas oficiales: "Es imposible ponerle un valor a algo que no existe. Nunca fue tan difícil ponerle un precio a los artículos como hoy en día".
‘TOPEO' Y LISTAS DE ESPERA INTERMINABLES
Con el objetivo de evitar que algunos modelos queden afectados por los impuestos internos, "muchas terminales ponen diferentes versiones de un mismo modelo a un precio similar al de la versión de entrada de gama para ‘topear' el precio", explicó Lamas.
Además, expuso: "Si después alguien decide comprar un vehículo, y logra conseguirlo en el mercado, lo paga con el impuesto agregado. Esto provoca distorsiones en el mercado, como la que tenemos actualmente".
Por ejemplo, según explicó el secretario, en el caso de un Toyota Corolla, cuyo precio sugerido comienza en los $ 6.616.000, y que a su vez resulta afectado por la primera escala del impuesto, se ha vendido por más de $ 8 millones a causa del faltante de stock. "Como no hay autos 0 kilómetros, se pide mucho más dinero del que corresponde para adjudicarlo", aseguró Lamas.
Pese a esta situación, la demanda de vehículos sigue constante. "Teniendo en cuenta los altos índices de inflación, el auto es un buen refugio para todos aquellos que tienen ahorros y no quieren seguir perdiendo frente al aumento de las divisas extranjeras", explicó el secretario de la Cámara que reúne a los concesionarios.
Es por esto que algunas terminales trabajan con listas de espera que van desde los tres hasta los doce meses y con señas que comienzan en los $ 100.000. Por ejemplo, en el caso de una Corolla Cross GR, los tiempos de espera son superiores al año, y ya hay concesionarias que se niegan a utilizar estas listas "por el aumento de precios y la incertidumbre económica", aseguraron desde Toyota.
Otras, prefieren no trabajar con lista de espera y no prometer un vehículo que no se sabe ni si quiera si va a ingresar al país.
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