Las provincias de la Argentina se apuraron en este 2020 a reestructurar su deuda junto a la Nación, ante el fantasma de la insolvencia.
Los estados subnacionales buscan la forma de renegociar vencimientos por más de u$s 11.000 millones.
Se trata de las más solventes del centro del país y también de las periféricas, con una situación fiscal más complicada y una mayor dependencia de los Aportes del Tesoro Nacional.
La brutal pérdida de valor del peso y el desplome en la recaudación forman el contexto de esta ola de reestructuraciones de deuda, mientras la Covid-19 (nuevo coronavirus) hace estragos en las arcas.
Buenos Aires fue la locomotora y ya se subieron al tren Córdoba, Mendoza, Río Negro, Jujuy, Salta, Chubut y La Rioja, que están en pleno proceso o asesorándose. Santa Fe tiene un estrés financiero y podría ser la próxima, aunque hoy no está en proyecto.
Nación había marcado el camino y creó en marzo la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, a través de la Resolución 217 del Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán.
El funcionario, que rescató de sus conocimientos académicos el estandarte de la "sostenibilidad", abrió la cancha antes de que el coronavirus impactara de lleno en la Argentina.
En la actualidad, los problemas del Estado nacional y los subnacionales son de liquidez y no de solvencia, pero se evita llegar a que la crisis se agudice.
La calificadora de riesgo Moody's concluyó en un informe reciente que "la severa contracción económica de Argentina afectará los ingresos ya débiles de los gobiernos locales y regionales".
La analista de Moody's Úrsula Cassinerio escribió que la decisión del gobierno nacional de asistir a las provincias con $ 120.000 millones en transferencias y créditos "no impedirá completamente el deterioro crediticio de los gobiernos regionales, ya que esta ayuda no cubrirá la totalidad de los gastos corrientes".
Las provincias más expuestas con los acreedores privados son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tierra del Fuego y Chubut, mientras, por el contrario, Formosa y Tucumán mantienen la mayor parte de su deuda con el gobierno nacional. Misiones y Chaco están en la escala media de exposición.
El Cronista conversó a fondo con dos ministros de Economía, Hacienda y Finanzas de las provincias en problemas y dialogó con los voceros de otras tantas. A continuación, un repaso de los casos más destacables.
Córdoba
La reestructuración de la deuda de Córdoba tomó velocidad la semana pasada. Los acreedores privados institucionales se organizaron en un Comité y contrataron a BroadSpan Capital LLC y Mens Sana Advisors como asesores financieros conjuntos para el proceso.
El canje alcanza 3 bonos internacionales y 1 local, todos en dólares, por unos u$s 2000 millones. La provincia contrató al Banco de Córdoba, al JP Morgan y al HSBC como asesores.
El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, detalló a El Cronista que la primera amortización grande de capital estaba programada para 2021 (un bono por u$s 725 millones) y la idea del Gobierno del peronista Juan Schiaretti era refinanciarlo, algo que se complicó con el cierre de los mercados internacionales para la Argentina, sus provincias y sus empresas.
"Córdoba tenía un ahorro corriente relativamente grande, entre 10% y 15% de su producto. La deuda se generó porque hicimos un plan muy agresivo de desarrollo de infraestructura, por u$s 5700 millones, a una tasa de 7,12 % en promedio", sostuvo Giordano.
El ministro de las Finanzas provinciales contó que la recaudación "viene cayendo desde abril de 2018 y con el coronavirus nos dio un golpe adicional". "Comparado con el año pasado, en abril y mayo tuvimos una pérdida de 25% real respecto hace 2 años", agregó.
"Esta reestructuración corresponde a una crisis que ya lleva dos años, el coronavirus y el impedimento para conseguir más financiamiento. Pero Córdoba tiene una capacidad de ahorro estructural", justificó Giordano.
La obra mas importante del plan de infraestructura de la provincia fue la Circunvalación de Córdoba, un anillo que circula toda la ciudad. "Era una obra que se pensaba hace 50 años. También invertimos en gasoductos para ampliar las conexiones, acueductos y cloacas", dijo el funcionario.
Además, Giordano aseveró ante este medio que Córdoba no tiene planes para emitir cuasimonedas.
"Hemos emitido un bono para pagar deuda a proveedores y compensar pasivos de la provincia, pero no es lo mismo", garantizó.
Mendoza
La crisis de la deuda también llegó hasta Cuyo. Mendoza previó en su Presupuesto 2020 que entraría en un proceso de reestructuración, ahora en marcha.
El 19 de mayo la provincia no cumplió con el pago inicial de u$s 25 millones de un bono que vence en 2024 y si no lo hace, este jueves 18 caerá en default.
El ministro de Hacienda de Mendoza, Lisandro Nieri, encabeza la renegociación de 2 bonos (1 con ley extranjera y otro con ley local) por u$s 590 millones. Credit Suisse y AdCap Securities son los asesores. La propuesta está abierta hasta este martes 16.
"Requerimos una refinanciación, independientemente de que recién en mayo de 2022 íbamos a pagar capital, porque ya veíamos dificultades para acceder a mercados incuso en 2021", explicó Nieri ante la consulta de El Cronista.
La deuda de Mendoza está en un 60% en dólares y el 40% restante en pesos. Unos 25 puntos porcentuales sobre esos 40 son en pesos corrientes y otros 15 en pesos ajustados por distintos índices, como Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). El stock ronda el 12% del Producto Bruto Geográfico (PBG).
"La provincia tenía un déficit muy grande en 2015. A partir de ahí se hizo un proceso de consolidación, que terminó con un superávit en 2018. La situación se complicó en 2019 por la indexación del gasto, sobre todo en lo salarial", dijo Nieri.
La caida de recursos extraordinarios en 2020 complicó a Mendoza, sobre todo a partir del 20 de marzo (cuando empezó en Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio -ASPO- en todo el país).
"La baja real interanual es de 16% en los primeros cinco meses de 2020", calculó el ministro de Hacienda provincial. "El Covid-19 aceleró los tiempos por los problemas de liquidez que se generaron. Tuvimos una caída dramática de la recaudación", se explayó Nieri.
En los últimos días, Mendoza anunció que pagará la primera mitad de los aguinaldos de sus empleados públicos recién en septiembre.
Al margen de estas complicaciones, otro tema que levantó polvareda en la provincia fue el congelamiento del proyecto para construir la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento, que saldaría una deuda de Nación por excluir a Mendoza de la promoción industrial en la zona décadas atrás.
La provincia gobernada por el radical Rodolfo Suárez ya cobró tres veces el servicio de intereses de una Letra del Tesoro Nacional en pesos (Letes) emitida el año pasado por u$s 1023 millones pero la oposición de los gobiernos peronistas en La Pampa y Río Negro hizo mella en el presidente, Alberto Fernández, que corrió el arco de la licitación, prevista en primera instancia para junio y, luego, para julio.
Santa Fe
La provincia que está hoy en el centro de la discusión política por la intervención y el proyecto de expropiación de Vicentin es un caso aparte.
El caso de la cerealera conmovió los cimientos políticos en una de las zonas más productivas de la Argentina, que tenía a su cúpula ocupada en otros asuntos.
Hace 10 días, la Auditoría General de la Nación (AGN), que conduce el radical Jesús Rodríguez, terminó un trabajo sobre la situación financiera de Santa Fe a fines de 2019, a pedido del nuevo gobernador Omar Perotti, del Partido Justicialista (PJ).
El peronista había solicitado los informes para blanquear cómo quedó económicamente la provincia tras 12 años de socialismo (primero con la gestión de Hermes Binner, luego de Antonio Bonfatti y, por último, de Miguel Lifschitz) y para justificar las medidas que tomaría. Perotti acusó que los socialistas dejaron a Santa Fe con un déficit de $ 30.000 millones.
La AGN confirmó que la provincia estaba en rojo en diciembre de 2019, material que significó una victoria política para Perotti justo antes de que estallara la intervención y el proyecto de expropiación de Vicentin.
Al mismo tiempo, la Dirección de Análisis Fiscal de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), concluyó que Santa Fe tuvo en 2019 un Resultado Primario deficitario en $ 14.018,4 millones y un Resultado Financiero en rojo por $ 16.474,4 millones.
"El stock de deuda pública consolidada al 31 de diciembre de 2019 fue de $ 39.562,2 millones y la deuda flotante de $ 28.569,5 millones. En el primer caso, se verifica un incremento de 54,5% en valores corrientes con relación al último dato de 2018 y del 78,2% para la deuda flotante. En la composición de la deuda flotante se destaca la utilización del Fondo de Cuentas Oficiales (FUCO) por $ 16.450 millones (con un salto de 36,7% interanual), deuda con Proveedores y Contratistas por $ 6804,40 millones (y un aumento de 125,1%) y la deuda salarial por $ 9835,2 millones (78% mayor)", destacó la ASAP.
La provincia destinó $ 2849,4 millones para el pago de la deuda pública o un 9% de su gasto, con un incremento interanual de 159,5%.
Fuentes gubernamentales santafesinas contaron a este diario que "no se viene una reestructuración" y añadieron: "Estamos expuestos al riesgo soberano y dependemos de cómo se solucione la renegociación nacional".
"Nuestro stock de deuda no es demasiado alto en términos relativos, pero está nominado en dólares y se volvió significativo por la devaluación. Los vaivenes cambiarios dejaron expuesta a la provincia, que tiene acreedores externos diseminados", dijeron.
"Los bonos que emitió la provincia entre fines de 2016 y principios de 2018 tienen amortización de capital que empiezan a operar en 2021. Este año tenemos vencimientos de intereses por $ 1200 millones, en la medida en que el tipo de cambio se mantenga en este nivel", aseguraron.
Hoy lo que preocupa es el desplome de la recaudación propia (casi un 25% en términos reales), aún mayor que la baja en los fondos que recibió Santa Fe por la coparticipación. "A esta altura a la provincia le faltan $ 15.000 millones de recaudación", avisaron.
Torino Economics calculó que Santa Fe depende en un 48% de los recursos del Gobierno nacional.
Para el Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO) Scalabrini Ortiz, "durante el periodo marzo-mayo la pérdida real de recursos tributarios fue del 18% respecto al año anterior y la caída en los recursos de origen nacional recibidos por Santa Fe fue del 20% en términos reales".
"Bajo el concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), a Santa Fe le corresponden cerca de $ 5000 millones de los $ 120.000 millones que destinará Nación. Si bien este monto podría cubrir la caída de recursos de origen nacional para los meses de marzo, abril y mayo, no alcanzaría a compensar la pérdida total de ingresos tributarios que ha dejado de recaudar la provincia", explica el informe coordinado por María Celina Calore.
Jujuy
En el extremo norte de la Argentina también se reflejó el rápido proceso de endeudamiento externo de los últimos años.
Jujuy tiene la intención de reestructurar un "bono verde" que emitió en septiembre de 2017 y que vence en 2022 por u$s 210 millones de capital, a una tasa de 8,625%.
Esa emisión se colocó para financiar la construcción de tres parques solares en Cauchari, al sudoeste de la provincia, en plena Puna.
Los parques solares también fueron financiados por el Exim Bank de China, país que fue proveedor de la tecnología y el equipamiento (más de 1 millón de paneles solares).
A pesar de que tuvo una fecha prevista de inicio de operación comercial en mayo de 2018, después postergada para marzo de 2019, los parques solares todavía no entregan energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) por demoras en la conexión con una Estación Transformadora.
Ese bono verde que sirvió para financiar los parques solares que todavía no entregan energía tiene amortizaciones semestrales en marzo y septiembre y podría ser renegociado.
"Hemos cumplido bien, sin problemas. Pero hay una posibilidad de reestructurar ese bono, mejorar las tasas y las condiciones", contaron cerca del gobernador, el radical Gerardo Morales.
La situación fiscal de Jujuy empeoró en 2019 y con la cuarentena, se agravó. Ya estiman un déficit de $ 5000 millones o más en 2020.
"La principal erogación que tenemos en Jujuy son los sueldos y no va a haber paritarias. Solo hubo aumento para docentes y Nación ya mandó los recursos. Habrá menos obra pública, más gastos de alimentos y seguridad", lamentaron.
El gobernador y sus funcionarios se encuentran buscando recursos para el aguinaldo. "Esperamos que Nación reparta ATN para sueldos y aguinaldos, que los vamos a pagar pero estamos viendo cómo", expresaron.
Los salarios de los empleados públicos representan el 70% del gasto en Jujuy y la coparticipación apenas cubre los sueldos mensuales.
La provincia tiene a principios de este año unos 85.000 empleados públicos y unos 50.000 privados, con un claro desbalance. "Pero cerraron muchos negocios y perdieron el trabajo muchas personas en los últimos meses", matizan en San Salvador de Jujuy.
Buenos Aires
Buenos Aires fue la provincia que en enero arrancó con el proceso. El gobernador Axel Kicillof adelantó parte de la estrategia de Nación al rivalizar con Fidelity y amenazar con no pagar, pero luego cumplir con el vencimiento de capital del BP21.
La provincia más grande del país tiene un 84% de su deuda en moneda extranjera y este viernes 19 cerrará el extendido plazo para entrar al canje. Si sigue sin haber acuerdo, se estima volverá a postergar el período de oferta y no descartó que alguna mejora de los términos ofrecidos desde el 22 de abril pasado pueda surgir.
Al igual que en Nación, se viene corriendo el arco ante la imposibilidad de cerrar un buen acuerdo con una parte importante de los acreedores. Buenos Aires apunta a reestructurar u$s 7150 millones en deuda bajo denominación extranjera, mediante el canje de los bonos actuales por 6 nuevos instrumentos, con quitas de capital de 7% promedio, de intereses en torno a 53% y así lograr un alivio de u$s 5000 millones para los próximos cuatro años.
Otras provincias en la mira
Salta, por su parte, busca reestructurar $ 9600 millones y La Rioja, por u$s 250 millones.
En Chubut asedia la crisis tras la elección ganada por Mariano Arcioni en 2019. El peronista confía en el apoyo de sus diputados provinciales para renegociar 2 bonos por u$s 700 millones.
Río Negro, en tanto, activó esta semana el período de gracia de 30 días y prorrogó el plazo de pago por el vencimiento de un cupón de intereses de deuda por US$ 10,5 millones, a la espera de iniciar un diálogo con sus acreedores tras la autorización que le otorgó la Legislatura para llevar adelante una reestructuración de deuda por u$s 300 millones.
A medida que la pandemia agudice las complicaciones, la cantidad de provincias que renegociará su deuda irá in crescendo.
Tu opinión enriquece este artículo: