Solo tres días pasaron y las empresas aseguran que ya empiezan a ver el impacto negativo sobre sus negocios que generó el sorpresivo decreto de Alberto Fernández; que declaró como servicios públicos esenciales a la telefonía celular, Internet y televisión paga, y congela los aumentos de tarifas hasta fin de año.
El propio CEO de Telecom, Roberto Nobile, lo dijo públicamente. “Estábamos negociando nueva deuda y el banco nos acaba de anunciar que en este escenario, no”, en referencia a que el cambio de la naturaleza jurídica del negocio impacta directamente en la variable más importante para proyectar resultados que son los ingresos, ahora difíciles de prever con precios que no pueden aplicar con certidumbre.
En el sector, agregan, los mismos problemas ya hoy se discutieron con proveedores que “retiran sus propuestas” porque lo primero que miran para financiar es el flujo de fondos; y la consecuencia directa e inmediata de esa traba es el freno en las inversiones proyectadas.
Son en total, unas 1200 empresas impactadas por el decreto, desde gigantes como Movistar, Telecom y Claro hasta pequeños cableoperadores del interior que hasta se reconvirieron para ofrecer internet pasando por otras firmas como Telecentro, Iplan o Gigared. Y si bien tienen argumentos consensuados para discutir la norma, sus caminos para revertirla serán distintos. La mayoría coincide en la judicialización pero dependiendo del tamaño y el origen de sus capitales, los tribunales a los que recurrirán serán locales o internacionales.
Telecom, por caso, anunció inversiones por más de u$s 500 millones que entrarían en un compás de espera. Nobile dijo que en los últimos tres años, los desembolsos fueron por alrededor de u$s 3500 millones.
Desde Movistar prefirieron esperar para una declaración oficial. "Está claro que si se concreta nos parece un error y un retroceso para la industria y el país. Pero no hay que adelantarse", dijeron a El Cronista.
La última inversión de Telefónica Argentina fue por $ 47.000 millones para el 2017-2019 en la ampliación de la red de 4G y fibra óptica en el país.
"Un año de precios congelados, 90% de costos dolarizados, una morosidad que se triplicó durante la cuarentena, un amplio grupo de clientes a los que no se permite cortar el servicio y la proyección de que será dificil mejorar en el futuro la ecuación es el peor escenario posible", explican desde una de las grandes compañías que aún así asegura que se hicieron las inversiones proyectadas pero que "cuando el Estado interviene, siempre las inversiones se cortan".
Desde otra de las firmas más relevantes del sector cuestionan de por sí el hecho de ser consideradas esenciales porque básicamente "si hay posibilidad de competencia, se anula semánticamente la opción". "Es antieconómico que se hagan dos redes de gas pero que lleguen tres empresas con servicios de internet y compitan por precio para el mismo cliente no solo es viable sino es una realidad hoy en la Argentina", ilustra.
Desde una compañías mediana también señalaron que sorprendió el decreto porque el diálogo del Gobierno con el Enacom era fluido y semanal, y ahora se perdió. Es que la semana pasada, las compañías se reunieron con la entidad para acordar los aumentos que se aplicarían desde septiembre, avisos que varias empresas ya enviaron a sus clientes.
"La actualización de la infraestructura es constante. La tecnología avanza y para mantenerla al día hacen falta inversiones recurrentes, lo que también afectaría a toda la cadena de valor", mencionan desde otra telco.
El director de Iplan y presidente de la Cámara Argentina de Comunicaciones Convergentes, Franco Cecchini, repudió la medida: "No nos parece necesario que una decisión así se deba hacer por DNU. Tendría que haberse generado un trabajo conjunto y esperamos que se nos convoque próximamente".
Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), aseveró que esta medida dispara el riesgo de las inversiones, lo que se traduce en un mayor costo. "Esto hará que los planes presentes y futuros de las empresas se pongan nuevamente sobre la mesa en evaluación y que consideren si pueden hacerle frente a un financiamiento externo más caro", opinó.
Según Méndez, los ciclos tecnologicos en el mundo de las telecomunicaciones son cada vez son más cortos. "Esto implica que la inversión se tiene que renovar cada cuatro o cinco años a lo sumo, cuando antes los plazos eran más extensos", detalló, y añadió que la fijación tarifaria es una modalidad intrusiva del Estado, que limita la capacidad de los operadores de mercado de poder diferenciar su oferta de cara al cliente".
Para la especialista, esta medida ocasionará una caída de la facturación de las compañías e impactará en las políticas tendientes al cierre de la brecha digital. "Tiene un efecto en toda la cadena. El 1% de la facturación anual de estas empresas se destina al Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU), a proyectos vinculados a aumentar la conectividad en poblaciones vulnerables. La contribución anual alcanza los u$s 60 millones en la Argentina. En la medida en que el mercado crece, estas comunidades se benefician y se amplían estas iniciativas públicas-privadas. Pero con esta decisión, podrían resentirse", argumentó.
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