El proyecto de ley "ómnibus" de Solidaridad Social y Reactivación Productiva remitido el martes al Congreso prevé otorgarle al Poder Ejecutivo facultades excepcionales para disponer en forma obligatoria a los empleadores el incremento de los salarios del sector privado, sin que esto produzca una presión extra sobre las compañías ya que serían eximidas del pago de aportes y contribuciones patronales sobre las mejoras a los haberes que determinen en el marco de la emergencia.
Con esos argumentos el Gobierno apuesta a definir en las próximas horas las negociaciones informales que desde hace días mantiene con referentes de la primera línea de la CGT y de las principales cámaras empresarias para fijar el monto de un aumento de suma fija no remunerativa para los trabajadores del sector privado. Alberto Fernández aspira a oficializar esa suba, cuyo monto se ubicaría entre los $ 6000 y los $ 8000, antes de la Navidad, según fuentes al tanto de las conversaciones.
El artículo 54 del megaproyecto que este miércoles comenzará a debatirse en un plenario de comisiones con la asistencia de cinco ministros y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, podría contar con la media sanción de la Cámara de Diputados esta misma semana y eventualmente convertirse en ley con los votos del Senado pocas horas después.
Con vistas a ese objetivo, el Presidente inauguró ayeruna serie de conversaciones con cámaras empresarias para contar con el respaldo del sector privado a las medidas y, de así ocurrir, dar un anuncio de mejora en los haberes de los asalariados antes del feriado de Navidad.
La negociación abierta comenzó con la visita a la Casa Rosada del presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y el vicepresidente de la cámara empresaria y hombre fuerte de Techint, Luis Betnaza. Ambos se retiraron sin hacer declaraciones. Este mediodía, tras recibir a la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina, el jefe de Estado almorzará con la comisión directiva de Asociación Empresaria Argentina (AEA) en el hotel Four Seasons, de Retiro.
En paralelo, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, acerca posiciones con la conducción de la CGT, la CTA y otros sindicatos para sentarlos a la mesa de un anuncio que se aguarda para la próxima semana, luego de que los representantes de los trabajadores bajaran las pretensiones de un bono de fin de año, pese a la pérdida del poder adquisitivo de quienes trabajan en relación de dependencia.
Aunque la suma a otorgar todavía está en negociación, se estima un piso de $ 6000 que llegará a los recibos como una suma fija no remunerativa, en aras de recomponer sobre todo los sueldos más erosionados por la inflación.
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